Las compañías afirman que las alzas de precios se deben, en parte, a los acuerdos de aumentos de sueldos que resultan de las paritarias y que inevitablemente terminan incidiendo en los costos y trasladados al precio final.
Por eso sostienen que las recomposiciones de los haberes por encima del 20% terminarán afectando el valor de los productos a partir de mayo, período donde buena parte de los gremios ya habrán cerrado sus paritarias y el congelamiento sería difícil de sostener.
Además Moreno ya había autorizado subas para febrero en distintas líneas de productos con sus clásicos porcentajes de entre 2 y 4% para los masivos, 7% en la franja media y 9% en los premium.
[ pagebreak ]
Cuando le consultaron qué hacer, Moreno ordenó absorberlos. “ Ustedes gozan de márgenes colosales”, les habría reprochado en el último encuentro del viernes 8/02.
En tanto, el diario La Nación revela que la estrategia electoral de extender el acuerdo de precios contiene alternativas como la idea de disimular ese objetivo estableciendo renovaciones sucesivas del control de precios en todos los sectores de la comercialización.
La preocupación de Cristina es que si el día “61” se termina el acuerdo y los precios se disparan será un baldazo de agua fría en plena campaña electoral, reinstalando el debate por la inflación.
Pero habría otras medidas económicas para transitar el camino hacia octubre, como la posibilidad de acelerar una devaluación del tipo de cambio oficial.
Sobre fin de año, el dólar podría quedar en 6,50 pesos, aunque en las elecciones rondaría los 5,40. Se trata de la cifra que semanas atrás deslizó el propio Moreno.
También se evalúa una moderación en el gasto en subsidios y en la emisión, sin llegar a un ajuste que en el Gobierno consideran ‘neoliberal’.
En el caso de que fracase la extensión del acuerdo de Moreno, el Gobierno analiza otra opción pensada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, que implicaría más intervencionismo: sería el mismo mecanismo aplicado en el sector energético, que se basa en una intervención directa en el directorio de las empresas para luego determinar si es válida la petición de un aumento de tarifas.