"Lo que planteará la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) será que en verdad el Grupo no tendría legitimidad para litigar contra el Estado porque buena parte de las 240 licencias que maneja no tienen perfeccionada su transferencia por lo que, incluso, hay casos en los que permanecen a nombre de sus anteriores dueños. El organismo considera que esa irregularidad impediría a Clarín llevar adelante esta causa sin antes ponerse en regla. Claro que en caso de intentar hacerlo, esas licencias deberían volver a otras manos, ya que exceden diez veces lo permitido por la ley. En cambio, en cuanto a lo establecido por el juez Alfonso sobre la constitucionalidad de la norma, obviamente la Afsca está de acuerdo.
Por otra parte, el organismo apeló un detalle más de la decisión judicial de diciembre pasado: el apartamiento que el magistrado hizo del Grupo Clarín de la imposición de costas. “El juez se basa en la teoría de la derrota. Como considera que a partir de su decisión de levantar la medida cautelar que suspende los artículos Clarín fue derrotado en esta disputa, lo libra de afrontar económicamente todas las costas –los gastos del juicio– y los reparte entre las partes. Consideramos que los gastos deberán ir a cuenta de Clarín”, apuntaron desde el organismo dirigido por Martín Sabbatella."
Confirma el sitio 'MinutoUno' que el Gobierno ya presentó "los fundamentos del recurso extraordinario en el que cuestionó la legitimidad del Grupo Clarín para litigar contra la Ley de Medios, reconocida por el juez federal Horacio Alfonso en el fallo que declaró constitucionales los artículos de esa norma impugnados por el multimedios.
Para fundamentar esa posición, el Poder Ejecutivo sostiene que el Grupo Clarín carece de legitmidad para impugnar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque no es titular de las licencias que opera, con lo cual entiende que el multimedio es "un monopolio de hecho, pero no de derecho"."
La presentación, a cargo de la Jefatura de Gabinete de la Nación, es una de las dos que esperaba la sala de feria del tribunal.
Clarín también tenía tiempo hasta las 9.30 para presentar los argumentos de la apelación a aquella sentencia, con la cual consiguió el dictado de una nueva medida cautelar que mantiene congelados los artículos 45 y 161, relacionados con el límite de licencias que pueden estar en poder de un operador y al proceso de desinversión que deben someterse los que excedan esa pauta.
Según un comunicado difundido por el Grupo Clarín, la apelación que fue presentada hoy, antes de las 9.30, destaca que el juez omitió todas las pruebas, no realizó el control de constitucionalidad de la ley de medios, desconoció jurisprudencia del Máximo Tribunal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tergiversó precedentes y doctrina aplicable.
La apelación se funda en la opinión de destacados constitucionalistas que cuestionaron severamente la sentencia del juez. Según el Grupo Clarín, el magistrado no tomó en cuenta el objetivo real de la norma y su impacto sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, y tampoco efectuó un obligatorio examen de razonabilidad de la misma. No hay proporción entre la ley, que busca obligar al Grupo Clarín a desinvertir, y el fin que declama la misma ley: lograr mayor pluralismo y mayor número de medios audiovisuales. Todo esto en un clima de hostigamiento del Gobierno hacia el Grupo Clarín.
Algunos de los puntos de la apelación son los siguientes:
. Arbitrariedad de sentencia: el juez evitó considerar todas las pruebas producidas en más de 3000 fojas del expediente. Ni siquiera las analizó y las discutió, las confrontó, o las rechazó. Directamente las ignoró. Esto contradice expresa jurisprudencia de la Corte Suprema.
. Las citas de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional son erróneas.
. La apelación abunda en explicar cómo, de acuerdo a las pruebas omitidas por el juez, las limitaciones arbitrarias de la ley de medios configuran un avance contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
. El juez directamente renunció a realizar el control de constitucionalidad, para así darle la razón al Gobierno.
Ahora, cada parte tendrá 10 días hábiles para contestar las presentaciones de su contraria, para que después la Sala I de la Cámara quede en condiciones de resolver el expediente.
"Ahí sí que va a estar interesante", dijeron desde la Afsca, que esperan, según el mencionado matutino, la oportunidad de responder a los argumentos de la apelación de Clarín.
El juez Alfonso dictó en diciembre la constitucionalidad de la Ley y ahora será la Cámara la que debe resolver si confirma esa resolución o la revoca. La misma está integrada por camaristas que estuvieron en la mira del gobierno de Cristina Fernández por su actuación en la causa por la ley de medios, y también por aceptar la medida cautelar impuesta por la Sociedad Rural para frenar la expropiación estatal del predio.
Luego, será la Corte Suprema de Justicia la que tenga la última palabra sobre la causa.
Mientras tanto, sigue vigente una medida cautelar que tiene frenado sólo para el Grupo Clarín la aplicación de los dos artículos en disputa.
La Cámara Civil y Comercial amplió el mes pasado la medida cautelar ante la llegada del "7D", la fecha que la Corte había fijado para el fin de la cautelar y la entrada en vigencia de la ley.
El Gobierno utilizó dos veces el "per saltum" para acudir al máximo tribunal con la causa, pero la Corte rechazó los planteos y ratificó la cautelar hasta que se dicte una sentencia de fondo.
# El plan B de Clarín: La historia sin fin
Según el sitio 'Tiempo Pyme', los abogados del multimedios presentaron una nueva denuncia, esta vez en Mar del Plata, con un claro objetivo: seguir frenando los artículos de la ley que más lo perjudican.
De prosperar, esta presentación correría por otro andarivel de la causa “principal”, que está actualmente en la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires y que podría terminar en la Corte Suprema a mitad de año.
A fines de noviembre, con la incertidumbre del 7D a cuestas, Cablevisión presentó una medida de no innovar ante el juez Alfredo López, con sede en la ciudad balnearia. El magistrado se declaró incompetente, al sostener que el mismo objeto estaba siendo tratado en otra jurisdicción. La empresa apeló y los camaristas Jorge Ferro y Alejandro Tazza, a pesar del dictamen contrario del fiscal general Daniel Adler, rechazaron esa interpretación.
El fiscal, en su dictamen, aseguraba que había una similitud entre ambas causas, basado en que Cablevisión es parte del Grupo Clarín y que ambas presentaciones sostienen perseguir “la conservación en toda su plenitud (…) de las licencias” de Cablevisión.
Los camaristas, sin embargo, rechazaron esa lectura y aceptaron el argumento de la empresa de que persigue finalidades distintas. En este caso, sostiene Cablevisión, no está pidiendo por la constitucionalidad de algunos artículos, sino que busca “garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el adecuado ejercicio del derecho de informar de todos los ciudadanos”.
Ahora, el fiscal evalúa apelar esta decisión, por lo que terminaría siendo la Corte Suprema la que definiría si son dos causas separadas o una sola. Desde el Gobierno interpretaron que la presentación buscaba ser un respaldo del Grupo ante la caída, el 7D, de la otra medida cautelar. Ahora, sin embargo, creen que puede ser una estrategia de Clarín para buscar fallos a su favor y seguir poniendo trabas a futuro. Y no descartan que se hayan hecho presentaciones similares en otros lugares.
Fuentes vinculadas al multimedios reconocieron la existencia de la causa, pero guardaron un fuerte hermetismo respecto de su contenido. Simplemente reconocieron que “no tiene nada que ver con el reclamo de inconstitucionalidad”. Otra voz de la empresa aseguró desconocer que haya una estrategia en ese sentido y expresó tenerle “fe al desarrollo de la causa principal”.
Sin embargo, otra fuente, indirectamente vinculada a Clarín, reconoció que se vienen iniciando demandas en distintas jurisdicciones, pero todas con motivaciones distintas. En algunos casos, explicó, no se trata de presentaciones de la empresa sino de empleados, asociaciones de consumidores o vecinos afectados.
Ya existe otra causa, que está en manos de la Cámara Civil y Comercial, que también frenaría la desinversión de Clarín. Es la que busca evitar el cierre de Fibertel (que resolvió el Gobierno en 2010). Esa decisión fue frenada por el juez Roberto Torti, quien también comunicó a la Afsca que las redes de Cablevisión y Fibertel no se pueden dividir.
