Según el fallo, los demandantes alegaban que "el recálculo de los cuadros tarifarios, con y sin subsidio, viola el principio de irretroactividad de la ley, omite el procedimiento administrativo por cuanto se llevó a cabo sin la necesaria audiencia pública establecida en la normativa supralegal, posee vicios en la causa y motivación del acto administrativo que autoriza el aumento tarifario e incumple las prescripciones de la ley 11.769 (Marco Regulatorio Provincial de la Energía Eléctrica)".
Los denunciantes también sostuvieron que "para la determinación de los incrementos no se ha dado intervención a la Sindicatura de Usuarios (Art. 57), se ha aplicado incorrectamente el Fondo Compensador que es a favor del usuarios y de la igualdad de la tarifa para usuarios de igual consumo (Art. 45) y se ha violentado el derecho a la información de los usuarios al no haberse aplicado el régimen de audiencias públicas (Art.62)".
Por tales motivos, el juez Arias resolvió conceder la cautelar y le ordena además a Edelap que "de modo inmediato a la notificación de la presente, efectúe la liquidación correspondiente y emita nuevas facturas con sujeción a lo dispuesto en el presente despacho".
La administración sciolista justificó las subas por el "incremento del consumo y los costos para sostener el sistema" y en que "si la empresa no aplica el ajuste no podrá abastecer el consumo durante la temporada estival".
Un dato llamativo que se desprende del fallo, es que el magistrado le pone a la cautelar un límite de 2 años a partir de su dictado, medida que se basa en el antecedente de la Corte respecto al Grupo Clarín.
Además del incremento, el gobierno de Scioli aprobó un cambio en la facturación del servicio, el que pasará de ser bimestral a mensual; por lo que el usuario recibe con la liquidación 2 boletas con diferentes vencimientos, mientras que desde enero será una cada 30 días.
La aplicación de la subas fue criticada por el Gobierno Nacional, que entendía que con esta medida, adoptada en noviembre, el gobierno sciolista se apartaba " de los ejes liminares de las políticas nacionales en materia energética".
Las críticas se colaban en el marco de la pelea que el gobierno de Cristina Fernández mantiene con el gobernador bonaerense.
