De esa forma, el Gobierno buscaría capitalizar la aprobación de la ley en medio de la desazón por el sobreseimiento de los acusados por el secuestro de Marita Verón, quien habría sido víctima de la trata de personas.
De hecho, fue este fallo el que motivó el tratamiento de este proyecto, cuyo destino parecía ser el de perder estado parlamentario.
La oposición, en tanto, buscaría introducir cambios, en sintonía con algunas ONGs que pusieron reparos a la letra del proyecto (ver nota relacionada).
La iniciativa aumenta las penas para al que explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, y también al que “promueva o facilite la prostitución” de la misma.
También establece que “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.
Asimismo, obliga al Estado nacional a asistir a las víctimas y crea tanto un Consejo Federal como un Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Una de la organizaciones, la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT), aseguró que el proyecto que será tratado en Diputados, tal como está, "tiene dificultades".
Su coordinadora, Mercedes Assorati, le dijo a Urgente24 que las penas deben ser más altas "para un delito de lesa humanidad como lo es la trata de personas", y cuestionó el apartado referido al Consejo Federal que establece la ley porque "lo administra el Ejecutivo Nacional y necesita ser cambiado para que las provincias tengan mayor participación y fondos".
También consideró que hay que incorporar la prisión perpetua para los tratantes que no ofrezcan información sobre los paraderos de las mujeres desaparecidas, y la incautación de los bienes y el dinero de las redes para que “todo no termine en la condena a los perejiles”.
