Con el kirchnerismo siempre tuvo trabajo.
Entre 2003 y 2007 fue subsecretario de Relaciones Institucionales, con rango de embajador (artículo 5to.), en el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto.
Luego, senador nacional.
Con orgullo, él recuerda que en 1971 fue secretario general de la Agrupación Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN), Facultad de Derecho, Universidad Nacional de La Plata.
Y al año siguiente fue el secretario de Prensa de la organización.
Diferente evaluación hace de su paso por la Escuela Superior de Policía de la Provincia de Neuquén, donde él fue profesor de Introducción al Derecho, Derecho Procesal y Penal y Derecho Constitucional.
Sin embargo, su conocimiento relativo de una organización policial podría explicar que sea presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (en la que su tarea ha sido más bien nula o invisible o inexistente).
Las clases a cadetes de la institución uniformada fundamentan su presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado, donde el tema es si puede o no impulsar la reforma constitucional.
Su desempeño en la burocracia estatal neuquina justificaría que represente al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde el mandato es disciplinar a los magistrados.
Fuentes alcanzó notoriedad por un exabrupto: el 18/10, cuando se presentó en la Cámara baja el proyecto de 'per saltum', mecanismo por el cual la Corte Suprema puede intervenir en una causa soslayando las instancias anteriores, él dijo: "Si esto es presionar a la Justicia, bienvenida la presión a la Justicia"
El sábado 08/12 volvió a las andadas.
El senador Fuentes señaló que el oficialismo "podría perfectamente" enjuiciar a los magistrados de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial.
En declaraciones a Radio El Mundo, el senador aclaró, para no ser tan grosero, que no sería por la resolución tomada el jueves 06/12 por esos jueces de extender una medida cautelar sobre aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación respecto de Grupo Clarín, "sino por las reglas y maneras del debido proceso que se han vulnerado, como el no apartamiento de algunos de los magistrados cuestionados por una de las partes".
Fuentes lanzó la advertencia mientras el Ejecutivo Nacional espera que la Corte Suprema de Justicia resuelva si hace lugar al recurso de per saltum que presentó el viernes 07/12 para que declare nula la resolución de la Cámara Civil y Comercial que prolongó la cautelar a Clarín.
La cautelar exime al multimedios de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión para adecuarse a la ley hasta tanto haya "sentencia definitiva" sobre la demanda de fondo.
"Si los jueces pretenden gobernar o legislar a través de sus sentencias eso genera un conflicto de poderes que se resuelve en el Congreso de la Nación por juicio político. Es equivalente a que la Presidenta pretenda juzgar por decreto", reiteró.
Fuentes renovó sus críticas a los magistrados al señalar que "la totalidad de esa Cámara ha sido denunciada penalmente por el Gobierno de la Nación por el sistema irregular de rotaciones de jueces semanales, entonces no hay posibilidades de imparcialidad".
Fuentes reiteró que la medida cautelar del Grupo Clarín contra el artículo 161 de la llamada 'Ley de Medios', referido al plazo de desinversión, "está siendo paralizada por la acción corporativa, una alianza, entre sectores conservadores de la Justicia y un grupo de poder fáctico en la Argentina".
"Si denuncio irregularidades de un poder, que como consecuencia de mí denuncia ese poder corrige las irregularidades, si eso es presión, bienvenida la presión. ¿O hay vacas sagradas ahora?", planteó.
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Por otra parte, el senador se refirió a los plazos para la resolución de la causa y explicó que "cuando la Corte habla de la brevedad, estamos hablando de los plazos de 40 días del Código de Procedimiento".
"Si la cautelar se demora en el tiempo, evidentemente estamos en la situación que prevé la Ley de Reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la gravedad institucional, que es la prolongación de la cautelar en el tiempo con graves efectos, que justifica la aplicación del per saltum", detalló.
A su vez, el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, ex presidente de la Cámara baja, intentó condicionar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "La Corte Suprema tiene la oportunidad y obligación de devolver credibilidad a la Justicia".
Fellner consideró que el máximo tribunal tiene "la obligación de reparar los desaguisados de los jueces inferiores que intervinieron en las medidas cautelares que impidieron la aplicación de una ley sancionada por el Congreso" hace más de 3 años.
En un comunicado, Fellner afirmó: "Como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, fui participe directo no sólo de la legalidad sino de la legitimidad que tuvo el trámite de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por voluntad de las mayorías".
"Con el fallo se pretende legislar en sentido negativo una norma aprobada en el marco de la democracia. Si los jueces pretenden gobernar o legislar a través de sus sentencias eso genera un conflicto de poderes", sostuvo Fellner y recordó que "la totalidad de la Cámara ha sido denunciada penalmente por el Gobierno por el sistema irregular de rotaciones, entonces no hay posibilidades de imparcialidad".
