Pero el Gobierno apeló esa sentencia. Argumentó que la desclasificación pondría en peligro la seguridad nacional y se escudó en que no existían herramientas administrativas para hacerlo. La Cámara de Apelaciones hizo lugar a esta explicación y la cuestión quedaba ahora en manos de la Corte Suprema.
La historia sobre la pelea por el acceso público a estos documentos secretos fue publicada por Clarín el domingo pasado, y las reacciones fueron inmediatas. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel declaró que era "una barbaridad que me asombra y me perturba, por no decir que me indigna", y la senadora por el FAP Norma Morandini se lamentó porque "sobrevive como cultura la odiosa tradición autoritaria de hacer 'desaparecer' simbólicamente lo que molesta o disgusta".
La decisión gubernamental fue dispuesta a través del decreto 2103/2012, que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli.
“Déjase sin efecto el carácter secreto o reservado de los Decretos y Decisiones Administrativas dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y por el Jefe de Gabinete de Ministros, respectivamente, con anterioridad a la vigencia de la presente medida”, ordena la resolución dada a conocer hoy oficialmente.
No obstante, aclara que quedarán exceptuados “aquellos que, a la fecha, ameriten mantener dicha clasificación de seguridad por razones de defensa nacional, seguridad interior o política exterior; y los relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal”.
Entre los considerandos, el decreto 2103 destaca que “la Constitución Nacional, a través de los artículos 1°, 33 y concordantes, garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública”.
“El libre acceso a la información genera transparencia en la gestión de gobierno que redunda en beneficio de una mejor imagen de las instituciones democráticas frente a la ciudadanía”, añade.
En ese marco, subraya que “debe darse un lugar primordial a los mecanismos que incrementen la transparencia de los actos de gobierno permitiendo un acceso igualitario a la información”.
