Desde la central sindical indicaron al matutino '
El Cronista' que en los próximos días también dejará su cargo Alejandro Aymar, responsable de la gerencia de Gestión Estratégica. Si bien la salida de los dos funcionarios ligados a Di Césare tranquilizó los ánimos de aquellos sindicalistas que reprochaban al titular del PAMI un supuesto interés de avanzar sobre las obras sociales, la información del desembarco de La Cámpora en la 'Super' reavivó la preocupación cegetista.
"Hay que estar atentos, no vaya a ser cosa que estos también pretendan avanzar sobre los fondos", admitió al matutino un dirigente de la conducción sindical.
Otro gremialista buscó poner límites a cualquier ofensiva contra las obras sociales. "No se van a poder meter con esto, sería suicida. Se van a quedar sin ninguna pata en el sindicalismo", desafió.
Para intentar calmar el creciente malestar entre los gremios más afines, la propia Korenfeld recibió el viernes a una delegación cegetista integrada por Antonio Caló, Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).
Allí les confirmó el pago a las obras sociales de $176 millones correspondientes a la distribución de septiembre del SUMA, subsidio que prevé el reparto de unos $2.000 millones anuales provenientes de los recursos acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Cavalieri fue el más beneficiado por ese reparto: la obra social de Comercio recibirá $20 millones (eso sí, el Estado aún le adeuda unos 200 millones, aproximadamente).
Con este pago inicial, se beneficiaron tanto gremios aliados y opositores. Según
el diario 'La Nación', Barrionuevo recibió algo más de 4 millones, mientras que Camioneros, cerca de 6. Los montos son sobre la base de la cantidad de afiliados y la masa salarial.
Esta resolución provocó críticas de todo el arco sindical. "Sólo un gobierno militar puede sacar una resolución así", se había quejado Oscar Lescano. El líder de Luz y Fuerza advirtió: "No creo que el Gobierno la deroge (a la 1200). Sería dar un paso al costado. Pero nos van a tener que matar para tocar a las obras sociales". A la prestadora médica de Luz y Fuerza le adeudan seis meses de reintegros.
