El procedimiento contempla una verificación biométrica, aunque las empresas no estarían autorizadas a almacenar fotografías ni información biométrica de sus usuarios.
En cambio, recibirían una confirmación sobre la validez de la identidad, datos vinculados a la mayoría de edad y un código de trazabilidad encriptado.
Esto significa que las redes sociales podrían comprobar que una cuenta pertenece a una persona identificada sin necesidad de acceder directamente a toda su información personal.
Uno de los puntos centrales es que el proyecto no prohíbe utilizar nombres falsos, seudónimos, avatares o nombres artísticos. Los usuarios podrían seguir mostrando públicamente una identidad diferente de la registrada en sus documentos, pero esa cuenta debería estar vinculada a una identidad real verificada.
¿Qué pasaría con las cuentas anónimas y los perfiles falsos?
Aunque la iniciativa permite mantener el anonimato frente a otros usuarios, establece que las cuentas deberán contar con un identificador reservado que permita conocer quién está detrás de ellas ante determinadas circunstancias judiciales.
Por ejemplo, si una persona es investigada por una estafa, fraude, comercialización de productos ilegales u otro delito cometido mediante una plataforma digital, la Justicia podría solicitar la identificación del titular de la cuenta involucrada.
Según el proyecto, esa información solamente podría revelarse mediante un requerimiento judicial en el marco de una causa civil o penal.
La propuesta busca así diferenciar el uso legítimo de seudónimos de la posibilidad de crear perfiles sin una identidad verificable.
No obstante, la implementación de un mecanismo obligatorio de identificación también plantea interrogantes sobre la seguridad de los datos, la posibilidad de errores en las verificaciones y el alcance del sistema de trazabilidad.
Protección de menores y controles para las apuestas online
Otro de los objetivos de la iniciativa es reforzar los mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes en internet.
Para acceder a aplicaciones de apuestas o contenidos exclusivos para mayores de 18 años, los usuarios deberían acreditar su edad mediante una validación biométrica.
En el caso de plataformas que permiten la participación de menores, la creación de cuentas tendría que estar vinculada a una verificación realizada por sus padres, tutores o representantes legales.
La legisladora considera que los mecanismos actuales resultan insuficientes para impedir que menores accedan a determinados contenidos o que adultos utilicen identidades falsas para contactarlos.
Qué sanciones podrían recibir las plataformas
El proyecto también contempla obligaciones para las empresas tecnológicas que prestan servicios en la Argentina.
En caso de convertirse en ley, las plataformas alcanzadas contarían con un plazo de 180 días para adaptar sus sistemas y comenzar a exigir la validación de identidad.
Aquellas que incumplan las disposiciones podrían enfrentar apercibimientos, multas e incluso la suspensión temporal de sus servicios dentro del territorio nacional.
En los fundamentos, López Pasquali sostiene que actualmente existe una contradicción entre los controles de identidad exigidos para realizar operaciones bancarias o trámites oficiales y la facilidad con la que se pueden crear perfiles digitales.
Para la diputada, esa diferencia facilita determinadas modalidades de delitos y perjudica la confianza de los usuarios en los servicios digitales.
El debate que se abre en el Congreso
La iniciativa toma como referencia regulaciones internacionales orientadas a mejorar la seguridad de los usuarios y establecer mayores controles en plataformas digitales.
Sin embargo, la obligatoriedad de verificar la identidad de todas las personas que utilizan redes sociales abre una discusión que va más allá de la prevención del delito.
Por un lado, el proyecto busca dificultar la creación de cuentas utilizadas para cometer estafas, suplantar identidades o contactar menores con fines delictivos. Por otro, plantea desafíos relacionados con la privacidad, la protección de datos personales y el derecho a participar en internet sin revelar públicamente la identidad.
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