Este martes la Coalición Cívica (CC) presentó un proyecto de ley para modificar el Código penal y sancionar con prisión a aquellos que extorsionan a los beneficiarios de los planes sociales para que participen en marchas o obliguen a hacer piquetes.
El polémico anuncio de Patricia Bullrich de eliminar los planes sociales en seis meses en caso de ser elegida presidenta despertó un profundo debate en los diversos espacios políticos. La posición de la titular del PRO recibió el repudio de Facundo Manes y sirvió como otro motivo de discusión interna en JXC. Por otra parte dirigentes del FDT como el Ministro de Desarrollo social Juan Zabaleta, salieron también a reprobar su posible futura medida.
En esta línea, el lunes pasado diputados del PRO presentaron un proyecto para eliminarlos gradualmente ofreciendo capacitación laboral, y también beneficios para empresas.
La iniciativa presentada este martes por diputados del partido de Elisa Carrió dista del proyecto del PRO porque apunta esencialmente contra los intermediarios partidarios de los planes sociales y plantea otorgar hasta 6 años de prisión a aquellos que utilicen la prestación como medio extorsivo.
Es decir este proyecto de ser sancionado, penaría a quienes obliguen a los beneficiarios a participar de ciertas marchas o piquetes partidarios para cobrar el plan social o formulen cualquier tipo de amenaza contra su voluntad.
El documento a su vez solicita modificar el segundo párrafo del artículo 149 bis del Código Penal para que quede establecido: “Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si para obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, se hiciere uso de amenazas de quitar, eliminar, suspender o limitar un subsidio, asignación o prestación social, la pena será de prisión o reclusión de cuatro a seis años”.
En caso de que los extorsionadores sean empleados públicos, la norma establecería “inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones”.
Los fundamentos del proyecto de ley señalan “es público y notorio que muchas personas en estado de necesidad, son obligadas a hacer determinadas acciones o a entregar parte del dinero público que reciben de los planes sociales a dirigentes de las organizaciones”.
La iniciativa de la CC intenta resolver la cultura de asistencia social politizada del país y reducir a los mediadores partidarios de las prestaciones sociales. Muchas organizaciones piqueteras y organismos sociales intervienen como intermediarios entre el beneficiario y el estado, por lo que se genera un clientelismo político en el que se le obliga al beneficiario participar en ciertas marchas políticas o afiliarse a diversos partidos para cobrar el plan en lugar de incentivarlo a ir trabajar. Todo este sistema desviado termina generando más pobreza y desempleo en la Argentina.
La Coalición Cívica respaldó la presentación de su proyecto con datos terriblemente reales: Por el año 2002 la cantidad de planes sociales era de 1,6 millones en Argentina. Veinte años después, el número asciende a 12,12 millones.
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