El flyer que circuló en las redes de la Unidad Piquetera adelantó: “A las rutas y puentes de todo el país. No a las bajas de los programas. Bono de 100% para Potenciar Trabajo. Entrega de alimentos a los comedores”.
Será este jueves a partir de las 9 de la mañana, con el Puente Pueyrredón como principal punto de concentración. Además, según pudo saber NA marcharán “por un bono que compense la inflación, por la llegada de todos los alimentos de diciembre, y contra todos los intentos de recortes”.
Desde la Unidad Piquetera expresaron que el gobierno mantiene “la línea de recortar y no de auditar” y alertaron que se producirán “150.000 bajas en los próximos meses” por “sin explicación” y por "instrucción ministerial".
“Comenzó el último mes del año y la situación económica y social es cada día más crítica. Millones de familias no tendrán qué poner en sus mesas, porque la inflación aleja a los trabajadores de esa posibilidad. El Gobierno sin ningún empacho está atacando a los más golpeados por el ajuste que profundiza para seguir las recetas del FMI”, apuntaron en un comunicado.
Los cortes se llevarán a cabo en: La autopista del Oeste; Panamericana; Puente Pueyrredón; Puente La Noria; Ruta 9 en San Nicolás; Ruta 3 en Caleta Olivia; Ruta 22 en Neuquén; Puente c/Río Negro; Ruta 38 en La Rioja; Ruta 16 en Lago Puelo del Chubut; Ruta 81 en Formosa; Corte en los accesos a Córdoba Capital; Ruta 5 y 12 en Corrientes; Ruta 50, 50, 34 y 53 en Salta; El acceso a la ciudad de Mendoza.
Es que, hace unas semanas, la ministra Tolosa Paz prometió, a su modo, dar de baja miles de planes, a raíz del reconocimiento del titular de la AFIP, Carlos Castagneto ante el fiscal federal Guillermo Marijuán de que habría detectado incompatibilidad en el cobro de 253.184 beneficiarios del Potenciar Trabajo. Entre ellos, había fallecidos, personas con más de dos propiedades y hasta quienes se dieron el lujo de comprar dólares.
Situación que reflejó una sistemático manejo corrupto de los planes sociales. Este gobierno ha demostrado su incapacidad para resolver el problema. No hay que olvidar que, tras los sucesivos escándalos de la “planera influencer”, las discusiones entre CFK y los movimientos sociales en el manejo de los planes y la necesidad de una ajuste fiscal -lo que consistiría en achicar el gasto público exorbitante del Ministerio de Desarrollo Social Nacional- el gobierno aseguró que duplicaría los controles para determinar si los beneficiarios de los planes y las unidades de gestión que los administran en cada barrio y municipio, cumplen con la "contraprestación" de tareas o capacitación obligatorias previstas en la normativa vigente. Sin embargo el problema continúa y revela más escándalos en la gestión y perpetuación de los planes sociales.
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