Y apunta contra "los fiscales y jueces actuantes” que “en su afán de imputarla penalmente le adjudicaron actos y funciones de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la Constitución, como los actos de administración general y manejo de fondos públicos".
“Burdo proceso”
En cuanto al proceso judicial en el que resultó condenada Cristina Kirchner y otros imputados por corrupción en la obra pública, los gobernadores dijeron que "durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas".
Y advirtieron que "los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió CFK y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones".
“Show mediático y judicial”
El comunicado de los gobernadores también une la sentencia judicial al escándalo de los chats entre empresarios, funcionarios judiciales y periodistas: "todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública".
"Los hechos investigados objeto de la condena ya habían sido sobreseídos y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular", agregaron.
“Esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder", prosigue el texto.
1955 y 1976
El pronunciamiento de los gobernadores inscribe la condena a CFK en una línea histórica donde mencionan los años 1955 y 1976: "La inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos".
Y concluyen: "El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra Vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario son la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos pongan en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir".
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