Gobernadores cautelosos por el escándalo Adorni
Entre ellos se encuentra el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, quien tras reunirse con el funcionario nacional expresó su apoyo a la eliminación de las PASO al considerar que las disputas internas deberían resolverse dentro de cada fuerza política. También hubo conversaciones con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y con el salteño Gustavo Sáenz, en el marco de las gestiones que lleva adelante la administración nacional.
El oficialismo entiende que construir consensos con los gobernadores puede ser determinante para fortalecer su posición en el Congreso, donde todavía persisten diferencias entre los bloques dialoguistas respecto de algunos aspectos de la reforma.
Reforma política en veremos, plata para obra pública también
En paralelo, las negociaciones incluyen otros temas de interés para las provincias, como el financiamiento de obras, la distribución de recursos y proyectos de infraestructura, asuntos que suelen formar parte de las conversaciones políticas entre Nación y los mandatarios locales.
No obstante, la eliminación de las PASO continúa siendo el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo definitivo. Si bien varios gobernadores respaldan la iniciativa, algunos sectores de la oposición dialoguista plantearon reparos y propusieron alternativas para modificar el esquema sin suprimir completamente las primarias.
Entre las opciones que comenzaron a analizarse figura una propuesta impulsada desde el radicalismo para transformar las PASO en un mecanismo optativo. Ese esquema permitiría que solo participen las fuerzas que necesiten dirimir candidaturas internas y eliminaría la obligatoriedad para los partidos que ya cuenten con listas de consenso.
Más allá de ese debate, el proyecto oficial incorpora otras modificaciones relevantes al régimen electoral. Entre ellas aparecen la posibilidad de incluir un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel, nuevas reglas sobre financiamiento de los partidos políticos y un régimen de Ficha Limpia destinado a impedir que personas con determinadas condenas judiciales puedan competir por cargos electivos.
Con las conversaciones en marcha y el respaldo de algunos gobernadores ya sobre la mesa, el Gobierno apuesta a ampliar la base de apoyos para convertir la reforma electoral en una de las principales iniciativas de su agenda parlamentaria y llegar con mayores posibilidades de éxito al debate legislativo.
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