El modelo de atención a víctimas de violencia sexual en Argentina, es literalmente una copia del español. La persona violentada sexualmente puede entrar a un hospital argentino por la guardia general, la tocoginecológica, la pediátrica o por consultorios externos, pero en cualquiera de los ingresos tienen obligación de atenderla.
A priori, el médico clínico o profesional que la recepcionó debe evaluar si hay compromiso de la integridad física/psíquica o peligro de vida inminente, a fin de tomar inmediatamente medidas de urgencia o un proceso de evaluación, derivación y tratamiento en la víctima sexual.
Lo que sí, en cualquier caso, el equipo médico deberá garantizar la anticoncepción de emergencia (Levonorgestrel, pastilla del día después), realizar análisis de sangre y tocoginecológicos para garantizar su salud genital y determinar si hubo contagio de alguna ETS. Por ello, los profesionales de la salud deben ofrecer profilaxis post exposición contra el VIH (PEP), como máximo dentro de las 72 horas y por un plazo de 28 días.
En relación a las medidas de urgencia, a la persona violentada sexualmente se le proporcionará atención psicológica y psiquiátrica, se evaluarán sus lesiones genitales (graves o leves) y se almacenará el material genético encontrado en su cuerpo y ropa. El tratamiento puede brindarse sin ningún tipo de denuncia y resguardando la confidencialidad, aunque si la victima desea, el personal llamará inmediatamente a la Policía para abrir el proceso penal.
El tema, claro está, que en algunas guardias de centros de salud de Argentina, no hay atención psicológica o bien hay personal muy reducido que no puede atender a varios agredidos/as sexualmente en simultáneo, siendo una triste realidad caótica, como los tiempos judiciales.
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