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El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari.
Robles, como imputado, había cuestionado con diferentes escritos la actuación del juez. El último relató que el martes pasado la Policía Federal se había presentado en la casa de su hijo menor -y también en la suya- con el supuesto objetivo de dar con él y pidió que el juez actualizara el expediente digital con las “actuaciones policiales” que hubiera dispuesto porque esas visitas que recibieron no forman parte de lo reflejado en la causa. De lo contrario, no puede descartar -dijo- haber sido víctima de “actividades ilegales o de persecución”.
En otra de sus presentaciones en el expediente, la defensa de Robles cuestionó la información que Zamora tenía del caso. Este miércoles, pidió al juzgado que se dejara sin efecto “una gravísima irregularidad procedimental”, informaron fuentes con acceso a las actuaciones. La defensa sostuvo que el juez le dio acceso a Zamora al sistema informático Lex 100 (y por ende, le permitió ver todo el expediente) pese a que como denunciante el gobernador no es parte en el proceso penal y las causas son secretas para quienes no son parte.
Molinari intimó a Robles el lunes pasado, el mismo día que el gobernador de Santiago del Estero presentó la denuncia que dio origen a este expediente y dos horas después de que recibió el dictamen de Pedro Simón, fiscal federal santiagueño. Simón sostuvo que Molinari era incompetente y pidió que el expediente se tramitara en la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires. No obstante, en la misma presentación, el fiscal hizo lugar a un pedido del gobernador y le solicitó al juez que ordenara la entrega de los teléfonos y, si Robles se negaba, que dispusiera incluso el secuestro de los aparatos.
El juez intimó entonces al funcionario de la Corte, pero no ordenó el secuestro. No tenía jurisdicción para hacerlo por sí mismo, explicaron en la justicia federal santiagueña. Solo hubiera podido disponerlo por exhorto, con la intervención de un juez de Buenos Aires, señala lanación.com. Molinari evitó así darle intervención a Comodoro Py hasta hoy, cuando finalmente se declaró incompetente.
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Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema.
En los tribunales federales de Retiro ya están radicadas otras dos denuncias contra Robles. Una de ellas, presentada por Gastón Marano, el abogado que defiende a Gabriel Carrizo, del grupo de vendedores de copos de nieve, en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner. Las dos, por sorteo, le tocaron al juez federal Ariel Lijo. En el mismo escrito en el que aludió a las visitas de la Policía, Robles sostuvo ayer que las causas que tiene Lijo tienen “idéntico objetivo” que la iniciada por Zamora y que es entonces ante ese juez de Comodoro Py “donde, en definitiva, debería tramitar la presente investigación [por la causa de Santiago del Estero], como lo solicitó el señor fiscal”.
El juez santiagueño, en su fallo, no dispuso la remisión al juzgado de Lijo sino al federal “en turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Según lo sostenido por Robles, una vez que haya llegado a Comodoro Py, el expediente debería pasar a lo de Lijo para que se acumule a las dos causas que están en ese juzgado.
El argumento del juez para declarase incompetente coincidió con lo que había sostenido el fiscal. Molinari escribió que los presuntos delitos “habrían tenido lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre funcionarios de la Excma. Corte Suprema y del Gobierno de la Ciudad y por cuestiones atinentes a sus funciones”. Dijo que, por eso, la justicia federal de Santiago del Estero, “resulta incompetente para su investigación y juzgamiento”.
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