El plan para que Uber circule sin multas y los taxis tiemblen
La Justicia sostuvo que Uber no es solo una app...
Los jueces citaron jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para sostener que Uber no es meramente un servicio de la "sociedad de la información" (una app), sino que es parte integrante de un servicio global de transporte.
Y al equiparar la actividad con el transporte de pasajeros, el fallo sostiene que las plataformas no pueden operar en un vacío legal que les permita eludir los estándares de seguridad exigidos a taxis y remises.
La Cámara establece que, mientras no haya una ley nueva, los conductores de plataformas deben cumplir con los recaudos mínimos del sistema vigente: licencia de conducir tipo profesional y seguros específicos para el rodado, el conductor, los pasajeros y responsabilidad civil.
El tribunal critica que el Gobierno de la ciudad haya permitido una "apariencia de regularidad" en las plataformas, cuando en la práctica operan sin que se controle si los prestadores tienen la capacitación o los seguros que se les exige por ley a los taxistas.
Uno de los argumentos más fuertes para la equiparación fue la irrazonabilidad de exigir a un sector (taxistas) una carga regulatoria y económica estricta, mientras se exime de hecho a otro (plataformas) que realiza la misma actividad.
El fallo señala que el Gobierno incurrió en una conducta contradictoria al calificar a Uber de "clandestina" pero, al mismo tiempo, permitir su publicidad en espacios públicos (como estaciones de subte o el sistema Ecobici) y no ejercer un poder de policía efectivo.
Esta inacción generó un desequilibrio que afecta el derecho a la igualdad de los taxistas, quienes deben pagar aranceles, cumplir con verificaciones y poseer licencias profesionales para competir con un servicio que no cumple ninguna de esas condiciones.
Los cambios que se vienen
Por la falta de una legislación específica, la Cámara impuso una condena que abarca tres cuestiones centrales:
- La arancelaria, esto es, mientras persista el desequilibrio, el Gobierno de CABA no podrá cobrar a los taxistas los aranceles por trámites locales necesarios para operar regularmente (como renovaciones de licencias o transferencias).
- La tributario: se ordena al Gobierno iniciar los procedimientos administrativos para determinar y perseguir el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las plataformas, ya que se verificó que realizan una actividad económica en la ciudad sin estar inscriptas ni pagar impuestos locales.
- La publicitaria:
El Gobierno de la ciudad debe fiscalizar la publicidad de las plataformas y realizar campañas de difusión para informar a los usuarios que estos servicios podrían ser prestados por personas sin licencia profesional o sin los seguros obligatorios que sí tienen los taxis El Gobierno de la ciudad debe fiscalizar la publicidad de las plataformas y realizar campañas de difusión para informar a los usuarios que estos servicios podrían ser prestados por personas sin licencia profesional o sin los seguros obligatorios que sí tienen los taxis
De todas maneras, el fallo aclara que no es rol del Poder Judicial legislar o prohibir las plataformas, pero sí proteger los derechos vulnerados por la inacción del Estado. Por ello, esta condena y la equiparación de reglas cesarán automáticamente cuando la Legislatura dicte una regulación específica para la actividad de transporte por plataformas.
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