En pleno desarrollo de la contienda en la Justicia, el juez subrogante de La Paz Raúl Flores había puesto como plazo máximo este jueves al mediodía la entrega de la totalidad de la documental referida al conflicto sucesorio.
Según trascendió, tanto el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por Oscar Sobko y María Constanza Bessa, como la querella a cargo de Rubén Pagliotto, hicieron la presentación dentro del plazo previsto. Ambas partes habían solicitado el desalojo de la estancia, amparados en el artículo 75 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (CPPER), que establece que en casos de presunta usurpación se debe garantizar el desalojo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre el dominio y propiedad del terreno en conflicto.
Por su parte, los abogados de Dolores Etchevehere solicitaron ayer miércoles 21/10 en una larga audiencia la absolución, ya que aseguraron que su defendida tiene derechos hereditarios sobre la estancia Casa Nueva, epicentro del conflicto.
El portal Análisis Digital da cuenta de dos audiencias llevadas a cabo en las últimas 48 horas: una en la cual el escribano Zufiaurre declaró respecto al detalle de su intervención en la sucesión de Luis Félix Etchevehere, ya que él fue designado como notario judicial por el juez Martín Furman; luego, ocurrió una segunda audiencia especial solicitada por la querella basada en el artículo 75 del CPPER, que establece que en casos de presunta usurpación, se debe garantizar el desalojo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre el dominio y propiedad del terreno en conflicto.
También formaron parte de la audiencia Gabriela Carpineti, quien es auxiliar técnica de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación; y la titular del INADI, Victoria Donda, quien denunció ayer 21/10 la concentración de productores rurales en el ingreso de la propiedad en defensa de la familia: desde el organismo que conduce apuntan a los productores por presuntos amenazas y expresiones xenófobas contra los integrantes del denominado "Proyecto Artigas" que estaban dentro del casco de la estancia. Además calificaron la convocatoria como un acto ilegal.
Caída la noche del miércoles eran unos 500 productores en defensa de la propiedad privada y respaldo a los hermanos Etchevehere.
En declaraciones para el mencionado portal, el abogado de Las Margaritas SA, empresa querellante cuya propiedad pertenece a Leonor Barbero Marcial y sus tres hijos, se mostró muy molesto con a intervención de Donda en la causa y además por el manejo de la causa por parte del juez Flores: "El juez fue muy irresponsable y no estuvo a la altura de las circunstancias, Victoria Donda le manejó la audiencia", afirmó.
"Anoche ofrecimos dejarle absolutamente toda la documentación y se negó", agregó y explicó que el magistrado solicitó que se presente dicha documental en formato digital y que eso demoró la presentación.
"El campo debe ser restituido por los usurpadores a los usurpados y continuar la contienda pacíficamente... Flores "tiene la responsabilidad de hacer cesar el delito, consolidar la vigencia de las leyes y garantizar la paz social", continuó el letrado Rubén Pagliotto.
Por lo pronto, el magistrado tomaría una decisión respecto al conflicto este viernes 23/10, pese a que cuenta con tres días hábiles como plazo, a partir de la audiencia del miércoles, según establece el CPPER.
