Además, mencionan la existencia de un testigo que desmiente la extorsión.
Después de ese encuentro, que fue en 2019, las relaciones comerciales entre Whpei e Iglesias continuaron y hubo declaraciones de ejecutivos de la aseguradora San Cristóbal negando cualquier aspiración de Iglesias a la presidencia. La defensa acusa a los fiscales de parcialidad por supuestamente omitir información relevante.
Por otro lado, los fiscales sostienen la acusación de extorsión y señalan que la defensa de Whpei no aborda las declaraciones de Vaudagna, quien implicaría directamente a Whpei en la maniobra.
El juez Eduardo Rodrígues Da Cruz rechazó la recusación por considerar que carece de argumentos sólidos que demuestren enemistad o falta de imparcialidad por parte de los fiscales, calificándola de «poco seria» y dilatoria.
Los fiscales solicitaron la prisión preventiva para Whpei por 6 meses. Según explicaron, Whpei tiene dinero en cuentas en el extranjero, puede entorpecer la causa y además hay peligro de fuga.
El juez ordenó la prisión del empresario por 3 meses.
Extorsión y vínculos con el Poder Judicial
En una de las causas, el fiscal Juan Agustín Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tiene como sospechosos a
- Whpei,
- Bailaque y
- Carlos Vaudagna (ahora imputado arrepentido)
de haber coordinado desde 2019 hasta 2024 una serie de maniobras para extorsionar a Iglesias y Oneto.
Según la Fiscalía, buscaban dañar su reputación, presionarlo y exigirles dinero (una versión indica que la cifra fue de US$ 160.000) a cambio de influir en las causas en su contra.
Entre el material probatorio hay videos de declaraciones de Vaudagna y otros testimonios que detallan las reuniones con Whpei, quien según el arrepentido actuaba como nexo con el juez, de acuerdo con lo aportado por fuentes del caso.
En paralelo, el fiscal Federico Reynares Solari investiga la causa N° 15682/2024, que tiene en la mira a Bailaque por haber dictado resoluciones ilegales para beneficiar a Whpei.
Se trata de fondos de la cooperativa portuaria de Puerto General San Martín, transferidos irregularmente a una financiera vinculada a un amigo personal de Bailaque, imputado por extorsión, prevaricato, falsedad ideológica y allanamientos ilegales.
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