Aunque por estas horas solo se habla del embarazo de Fabiola Yañez, que este mes tendrá a su primer hijo con Alberto Fernández, la oposición quiere investigar cuántos empleados tiene y qué gasto representan para el Estado.
En ese sentido, la diputada de la oposición, Karina Banfi, presentó un amparo ante la justicia para que la Secretaría General de la Presidencia entregue la información y documentación solicitada sobre el rol de la primera dama.
Sucede que la legisladora presentó hace ocho meses un pedido de acceso a la información pública para conocer la agenda de trabajo y los empleados contratados por Fabiola Yáñez, sin obtener respuesta.
En diciembre del año pasado la Agencia de Acceso a la Información Pública intimó a la Secretaria General de la Presidencia a entregar la documentación pública correspondiente sobre no solo las visitas de Federico Abraham -de profesión peluquero- y de Ariel Alonso Zapata -de profesión especialista en entrenamiento canino- a la Quinta de Olivos, sino también el monto facturado y el origen de los fondos de sus honorarios. Se solicitó, además, la nómina de empleados de la Primera Dama en julio de 2020. No hubo respuesta a ninguno de estos temas.
“Hemos agotado todas las instancias, hoy hay un incumplimiento directo por parte del gobierno a la Ley de Acceso a la Información Pública. Acudimos a la justicia porque es importante denunciar la violación de un derecho humano que es fundamental. Más que pedir disculpas la Primera Dama debería garantizar un uso transparente de los fondos del Estado”, declaró Banfi.
Para la diputada, la irregularidad en el derecho de acceso a la información pública no transcurre sólo por parte de la Secretaría General. Sino también es generado por Beatriz de Anchorena, recientemente designada directora de la Agencia de Acceso a la información Pública a pesar de no contar con credenciales que demuestren su idoneidad para el cargo.
Su primera medida fue suspender y prorrogar por 20 días hábiles los plazos administrativos de la Agencia suspendiendo así la entrega de la información.
En este sentido, Banfi afirmó: “Hay una política clara que busca impedir el acceso a la información pública. No podemos permitir que la ciudadanía pierda derechos y que la Argentina retroceda en sus políticas de transparencia”.
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