A Rosario llegaron 1.800 efectivos de fuerzas federales dedicados a seguridad pública, entre Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria; 140 medios logísticos, 3 helicópteros y una lancha de procedencia israelí para operaciones de interceptación en la Hidrovía de objetivos ligados al narcotráfico. Todos los recursos quedaron bajo el Comando Unificado de Fuerzas Federales, dirigido por el comandante mayor Alejandro Fernández.
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Nación realizó un informe sobre los resultados que consiguió el Plan Bandera en los primeros seis meses que lleva en marcha en Rosario.
El informe resaltó que en el primer semestre hubo más de 220 mil controles sobre las motos (el medio de transporte preferido por la delincuencia) con miles de retenciones y secuestros, mediante consultas al Sistema Federal de comunicaciones policiales, como así también controles dentro del auto y pedido de documentación.
En el trabajo los responsables del Plan Bandera destacaron el fortalecimiento de los controles en pasos fronterizos, controles y requisas preventivos en rutas para frenar la distribución de sustancias ilícitas de manera terrestre, fluvial o por vía aérea, que se complementa con la presencia de efectivos en los barrios para decomisar la mercadería que puedan tener lista para la venta. También las autoridades reactivaron los controles sobre los precursores químicos, tanto en rutas como en empresas.
Asimismo, las autoriades le dieron más despliegue a la Unidad de Información Financiera (UFI) en Rosario para investigar los delitos económicos, que son clave para desarticular las organizaciones criminales. En este sentido, el informe destacó que hay 270 investigaciones en curso, con foco en el financiamiento del narcotráfico y el lavado de activos, lo cual es fundamental quitándole los recursos económicos a las bandas investigadas.
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Nación realizó un informe sobre los resultados que consiguió el Plan Bandera en los primeros seis meses que lleva en marcha en Rosario.
El Gobierno destacó la importancia de implementar el sistema acusatorio, el cual estaba frenado por una decisión política desde el 2019, que dinamiza los procesos judiciales para combatir al narcotráfico y al lavado de activos. “El sistema dio su primer condena por narcotráfico a 28 días de haberse avanzado en la investigación, mientras que en el otro sistema, ese mismo hecho se hubiera resuelto en no menos de tres años”, explicaron fuentes del informe a Infobae.
Por último, el ministerio de Seguridad destacó las principales iniciativas legislativas, como la baja de edad de imputabilidad a 14 años, para que quienes cometan delitos de adulto, paguen penas de adulto; la ley antimafia, para que todos los miembros de una banda criminal tengan la misma pena que su máximo responsable; el proyecto de ley de legítima defensa y cumplimiento del deber, para respaldar a las fuerzas de seguridad que defienden a los ciudadanos; y el proyecto de ley de reiterancia, para que los delincuentes reincidentes esperen el juicio en la cárcel.
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