De esos nombres, al menos dos se encontraban en funciones hasta su detención. Se trata de Namur, quien era director de Seguridad del SPC, y Chávez, quien cumplía tareas dirigiendo el Tribunal de Conducta.
Los cuatro detenidos estarían implicados en la causa que investiga una serie de “kioscos” penitenciarios por los cuales los reclusos accedían a distintos beneficios a cambio de dinero. Esos negocios habrían sido avalados incluso por el entonces jefe del SPC, Juan María Bouvier, quien fue el histórico director del cuerpo durante buena parte de la gestión del PJ frente a la provincia.
Por su magnitud, la investigación se “llevó puesta” a toda la cúpula del Servicio Penitenciario, que fue removida por disposición del gobernador Martín Llaryora al inicio de su mandato. Algo que se repitió con la Policía de Córdoba a modo de una “limpieza” que hasta el día de hoy continúa, con mucha repercusión en seguridad.
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En la cárcel también hay problemas.
La Policía de Córdoba pide renovación
A esos casos se le puede sumar una auténtica lista de escándalos referidos a las fuerzas de seguridad cordobesas en los últimos meses. Entre ellos, la caída del ex subjefe de Policía Alejandro Mercado, quien fuera detenido hace algunas semanas por ser presunto partícipe de una banda de agentes que recirculaba celulares robados entre otras mercancías.
Más atrás en el tiempo, se conoció la causa de las habilitaciones truchas a locales y comercios, en la que quedaron involucrados Bomberos de la Policía. Y también vale mencionar numerosas causas de violencia de género dentro de la fuerza que mancharon nombres importantes, como el del ex ministro Alfonso Mosquera.
Contra todo ello, y un potencial enorme para el estallido de más casos, la administración de Llaryora intenta practicar una depuración de la mano de Quinteros. El ministro, que fue “aguantado” por el Gobierno provincial ante los pedidos de renuncia de los opositores provinciales, tiene la desafiante tarea de levantar la alfombra ante la demanda social de una mejora en la seguridad.
Precisamente, esa materia es la que en el Gobierno provincial perciben como “aplazada” por los electores, y un posible punto de fuga de votos de cara a lo que viene.
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La cúpula policial quedó en la mira.
