Además de pedir la investigación de esas presuntas transgresiones, la presentación solicita el dictado de una cautelar que le ordene a la diputada cesar de forma inmediata "las conductas ofensivas y discriminatorias, tanto en el ámbito público como en redes sociales, mientras se sustancia la presente investigación penal"; y abstenerse "de realizar cualquier tipo de manifestación pública o privada que pueda ser considerada lesiva para el honor, la dignidad o los derechos fundamentales de las personas mencionadas en la denuncia o de cualquier otro ciudadano, bajo apercibimiento de las sanciones legales correspondientes". En definitiva, lo que se conoce como 'bozal legal'.
El denunciante hace ese pedido en atención "a la gravedad de las declaraciones vertidas" por la diputada y "considerando que estas tienen el potencial de generar un clima de intolerancia y hostilidad hacia determinados grupos de ciudadanos".
La Fundación pide citar como testigos a la propia Villarruel y a la usuaria de la red social X identificada como Iris Speroni, quien tuvo un áspero cruce en redes con Lemoine, quien le respondió con expresiones soeces como "sobame la quena, reina" y "sacudite la entrepierna, a ver si se te sale la arena".
Por último, la denuncia pide que las actuaciones se remitan al Congreso para que éste evalúe la "inhabilidad moral" de Lemoine. El texto incluye además un pedido expreso al Parlamento en este sentido y solicita que se conforme una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para "analizar los hechos" y que, al cabo de esa pesquisa, "se someta a votación" la exclusión de la legisladora.
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