Esa cifra, según el sindicato denunciante, resulta "inexplicable" frente a los indicadores económicos recientes de la empresa.
De acuerdo con datos difundidos públicamente, la firma estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra a aeronaves en aeropuertos argentinos ha mantenido resultados positivos en sus balances recientes y posee activos significativos.
En el mercado aerocomercial se resalta que los niveles de rentabilidad de Intercargo la vuelven especialmente atractiva para inversores privados.
Antes de la presentación en la Justicia, fuentes del Gobierno argumentaron que la tasación oficial que dio origen al precio base la realizó el BICE utilizando el método "de flujo de fondos descontados", es decir, lo que se estima que la empresa podrá generar como ganancias en los años próximos. Esto es una técnica habitual en procesos de valuación empresarial.
caputo y milei
Luis Caputo y Javier Milei.
Pero desde APA no cuestionan puntualmente el método, sino los resultados y, fundamentalmente, la elección del BICE para determinar el valor de la empresa, señalando que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición específica en tasaciones públicas.
La denuncia se inscribe en un contexto de fuerte controversia por la política de privatizaciones impulsada por el Gobierno nacional mediante la Ley Bases. Esa normativa habilitó la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo mediante licitación pública nacional e internacional, sin mantener ningún tipo de participación estatal.
Además, APA sostuvo que la fijación del valor base de la empresa podría implicar un perjuicio económico para el Estado y denunció un presunto intento de "vaciamiento del patrimonio público".
En tanto, advirtió también sobre el impacto que el proceso podría tener en el empleo, al señalar que Intercargo está vinculada a alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico, de manera directa e indirecta.
En ese marco, la Asociación afirmó que la denuncia busca "evitar una posible estafa al pueblo argentino" y anticiparon que impulsarán acciones tanto en el ámbito judicial como en el plano gremial.
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