La CGT marchó hacia los Tribunales para presentar un pedido para que se anula la legislación que se acaba de aprobar.
Con una manifestación frente al Palacio de Tribunales, la CGT presentó este lunes un pedido de inconstitucionalidad de la reforma laboral que, a instancias del gobierno de Javier Milei, el Congreso acaba de convertir en ley.
Las columnas sindicales se concentraron en Plaza Lavalle, sobre la calle Talcahuano, encabezadas por el triunvirato que conduce la central gremial, integrado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de dirigentes históricos como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y Julio Piumato (Judiciales).
"Seguimos confiando en un poder (judicial) republicano, en su objetividad, en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional, y seguimos confiando en que se veredicto va a ser acatado por los otros 2 poderes", manifestó Sola, en declaraciones a la prensa en el lugar, sobre la expectativa del trámite en la justicia.
Tras la convocatoria, la CGT emitió un comunicado en el que denuncia que es "falso" que la reforma laboral impulsada por el Gobierno "persiga el aumento del empleo y la puesta en blanco de trabajadores informales".
Los gremios denuncian el cercenamiento de derechos a partir de la nueva legislación. En esa línea, la central afirmó que "no es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o a la esclavitud, como se mejora este proceso".
Agregaron que "los problemas de pobreza, desempleo, precarización y continuo deterioro de la situación social en Argentina, no son derivados de las leyes que rigen el universo laboral" sino de "la falta de crecimiento y de inversión productiva en las macro y micros políticas económicas nacionales".
La CGT justificó el pedido de inconstitucionalidad de la ley con que su aplicación "significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales".
Según la CGT, los principios afectados son el de "progresividad" o no regresividad, que -explica- "impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos"; y el "protectorio", que "se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador".
En ese sentido, agrega que se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems.
Entre las modificaciones que inmpugna la CGT se encuentran la posibilidad de la extensión de la jornada a 12 horas, la eliminación de las sanciones al empleador que no pagó aportes, la implementación del pago de indemnizaciones mediante cuotas y del fondo de cese laboral ( FAL), que se financiará con recursos del Estado.
"Todos estos perjuicios, entre otros, no son efectos colaterales de una decisión aislada, sino que resultan consistentes con la implementación del programa económico-social que lleva adelante el gobierno nacional, cuyo diagnóstico de situación es grave y evidente", concluyeron.
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