Los funcionarios señalaron que desde hace dos meses vienen conversando con los operadores de telefonía celular sobre este plan de “nominatividad”, pero que al principio las empresas no querían identificar a sus usuarios, hasta que al final decidieron colaborar con su implementación.
De hecho, la ministra Bullrich contó dos casos de delitos graves en los cuales un operador celular se negó ante un juez a identificar al dueño de una línea celular, hasta que la propia ministra intimó a uno de sus directivos con denunciar a la compañía; mientras que en el otro caso, la empresa de telefonía móvil demoró ocho horas en informar quién era el dueño, porque no tenía personal de guardia para esa tarea, pese a que corría peligro la vida de un niño secuestrado. “Con estas medidas vamos a combatir a los reducidores de celulares y a los que usan los teléfonos para delinquir”, concluyó el ministro Aguad.