Tras el encuentro del Partido Justicialista Nacional en Mendoza -encabezado por el ala K del peronismo- y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), 16 gobernadores emitieron un comunicado para reclamar una reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El breve documento adelanta que "gobernadores y gobernadoras de las provincias hemos decidido elaborar un proyecto para nueva conformación de la Corte Supera de Justicia de la Nación que contemple los proyectos ya presentados, muchos de los cuales han tomado estado público y parlamentario".
En este sentido, insisten en que "el objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales, y principalmente tenga un verdadero carácter federal".
Firmado por Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Ricardo Quintela (La Rioja), entre otros, agrega que "convocaremos a efectos de su redacción del proyecto de ley respectivo a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias", reafirmando el compromiso "con la Constitución Argentina, con nuestro pueblo y con el federalismo".
Recordemos que el kirchnerismo pide una ampliación de hasta 25 miembros pero dentro del oficialismo la discusión parte de 16 miembros divididos en salas de incumbencia con especialistas en cada uno de los temas.
A su vez, en el CFI se habló en duros términos frente a la posibilidad de que el Máximo Tribunal falle a favor de la Ciudad de Buenos Aires.
Además de los mencionados, firman Raúl Jalil (Catamarca); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucmán); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).
En el documento, que también fue publicado en las redes sociales por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, los mandatarios expresaron una "profunda preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores, no solo del sector específico, sino a quienes usan este medio para llegar a sus lugares de trabajo, a los educandos, educadores y, en general, a toda la sociedad argentina".
"A tal efecto, instamos al debate legislativo en el Congreso Nacional sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias que tengan como principio la igualdad y equidad en todo el territorio", indicaron.
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