La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volvió a la carga con proceso que impulsa contra los jueces de la Corte Suprema y abrió analizar lo ocurrido con el consejo de la magistratura.
La decisión se funda en lo ocurrido a partir del fallo de diciembre de 2021 por el cual el máximo tribunal declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), explicó la hipótesis de su bloque y afirmó que se dio una “asunción de forma irregular de la presidencia de la Corte por parte del doctor (Horacio) Rosatti por el autovoto” con el “objetivo de luego asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura”.
La legisladora sostuvo que hubo una “cooptación del Consejo de la Magistratura” y acusó al presidente del máximo tribunal de tener “vinculación con el Colegio de Abogados , parte actora de la causa” contra la Ley 26.080.
“El fallo fue dictado diez días después que el Poder Ejecutivo Nacional enviara el proyecto de ley de reforma” del Consejo, recordó y apuntó que “demoraron el fallo para que salga cuando Rosatti detentara la presidencia de la Corte”.
A su turno, la diputada Vanesa Siley (FdT) marcó que la causa Colegio de Abogados “vivió en el sistema judicial 15 años sin ser resuelta” y que "en la Corte vivió sin ser resuelta cuatro años”.
Más adelante señaló:
“Cuando asume Cambiemos el gobierno, con Mauricio Macri en la presidencia y Germán Garavano en el ministerio de Justicia, cambia la postura de la Corte, y después vuelve a cambiar cuando asume otro color político”, refiere a su espacio (FdT).
El diputado Pablo Tonelli (Pro) dijo que “los hechos a los que se refirió la diputada Siley son correctos y son veraces, eso hay que reconocerlo. Ahora, la interpretación es absolutamente errada. Lo que falta en el análisis de la diputada Siley y que es muy relevante es el rol del Congreso en todo esto, porque aquí no hay que soslayar que los que estamos en deuda somos nosotros, los legisladores. Ese proyecto que envió el Poder Ejecutivo en diciembre de 2017 nunca logramos dictaminarlo, ni siquiera en contra”.
Luego avanzó sobre un decisión de la Corte en cuanto a plazos por que porque sino la sentencia se hubiera vuelto abstracta; y sumo que “es muy discutible” que en 120 días no se haya podido aprobar la ley ya que “el proyecto de Ganancias se aprobó en tres días”.
“La media sanción del Senado nunca nos pusimos a debatirla en serio y dictaminarla”, agregó sobre el proyecto con media sanción que salió luego del fallo.
Expuso la directora General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, quien se refirió a su rol institucional: “Hay una vacante de la Cámara alta que no puede ser cubierta. El Senado aprobó la designación del senador nacional Martín Doñate (Frente de Todos) como representante de la última minoría que quedaba designar”. “Hoy el Consejo de la Magistratura funciona con 19 miembros y no con 20 como estaba ordenado”, afirmó.
Respecto a la recusación contra el juez Horacio Rosatti, Peñafort apuntó: “No se puede ser miembro del Consejo y, también, el Juez que decide sobre la situación del Consejo”. “Las dos cosas al mismo tiempo no son viables jurídicamente”, remarcó.
Luego, Jorge Gabriel Rizzo, abogado, expresidente del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal y periodista, desplegó un relato de cómo se dio el debate del proyecto de la democratización de la justicia, del cual participó.
“Recibo un llamado de teléfono de un operador judicial que me dice que el proyecto no sale porque a nosotros nos sirve este dibujo”, detalló.
Sobre este hecho, señaló que se enojó mucho porque -según consideró “parecía que estábamos trabajando en una ley del Consejo de la Magistratura para lo próximos 50 años, no para cinco minutos, ni para a quien le convenga”.
Al preguntarle quién fue el operador que le dijo que no había que avanzar con el proyecto, Rizzo, que en un principio dijo no recordar, luego respondió que fue Angelici.
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