Esta vez el centro de la preguntas giró en torno de presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
Una de las hipótesis sobre las que avanzaron los legisladores es que no se cubrieron las vacantes en el directorio del organismo, apuntaron a la falta de previsión presupuestaria y anomalías en los registros contables como en el “incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables a la capacidad de administración y control”.
Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN, que había sido citado a declarar, envió una nota a la comisión pidiendo su eximición por considerar que su declaración podría vulnerar y violar la garantía consagrada en el texto del artículo 18 de la Constitución Nacional. Los legisladores votaron a favor para reiterar la citación, con la aclaración de que puede negarse a responder las preguntas que él entienda puedan llegar a perjudicarlo en su derecho.
En otro orden, la comisión aprobó la moción para que el abogado Marcelo Mazzeo, quien se negó a asistir en dos ocasiones comparezca por la fuerza pública, dándole intervención previamente y con la autorización del juez competente.
Otra declarante fue María Crisitina Interland, médica legista y perito de la CSJN, quien ratificó el informe de la auditoría realizada en la obra social desde abril de 2008 hasta septiembre de 2021, de la cual formó parte.
Por su lado el contador Oscar Fernández, perito de la Corte y parte de la auditoría realizada en la obra social reconoció que la entidad no contaba con un sistema contable y que eso implicaba “menos información de la que debería tener y menos integrada”.
Dijo que “el presupuesto es una herramienta de gestión, que define cuál es el camino que se tiene que transitar y permite observar los desvíos entre la realidad y las expectativas; en el caso de la obra social, vimos que no contaba con uno”.
Como parte de los testimonios para analizar el funcionamiento de la obra social expusieron también Laura Coulin y Liliana de Brito, trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN. Ambas dieron su testimonio como damnificadas, por la falta de respuestas y reintegros en tratamientos de discapacidad.
Expusieron Melisa Solana, exsubdirectora administrativa y contable de la obra social del Poder Judicial, quien afirmó que "no tenía oficina privada, con lo cual cada vez que recibía a los auditores externos lo hacíamos como podíamos; y la documentación que requería la auditoría era siempre dirigida al Directorio”. Al igual que Fernández, ratificó que “no había registros contables”.
Posteriormente, María Guadalupe Burgos, funcionaria de la obra social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), fue consultada acerca de los pagos de la obra social. “Yo tengo la firma registrada en el banco para poder firmar los cheques y realizar transferencias de la obra social junto con otras personas. No es una única firma”, sostuvo.
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