Reino Unido cancela 227 vuelos: Ryanair y British Airways estallan por otra falla

La avería en el centro de Prestwick alteró aeropuertos de Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra. Ryanair pidió despedir al jefe de NATS.

El sistema aéreo británico volvió a quebrarse apenas dos semanas después de su último colapso. Una nueva falla técnica obligó a cancelar 227 vuelos, dejó a miles de pasajeros atrapados y desató una ofensiva de las principales compañías contra el organismo responsable de ordenar el tránsito sobre Reino Unido.

El problema se originó durante la mañana en el centro de control de Prestwick, Escocia, donde una avería de conectividad obligó a reducir el movimiento de aeronaves por seguridad. Aunque NATS (Servicios Nacionales de Tránsito Aéreo del Reino Unido) anunció que sus sistemas habían sido recuperados cerca de una hora después, el daño ya se había extendido por la programación del día: 117 salidas y 110 llegadas fueron suprimidas, mientras Glasgow, Edimburgo, Belfast y Manchester concentraron buena parte de las demoras. El impacto también alcanzó servicios de London City y Gatwick.

Ryanair aseguró que 140 de sus vuelos y alrededor de 25.000 pasajeros resultaron afectados, y volvió a reclamar la salida de Martin Rolfe, director ejecutivo de NATS. British Airways canceló conexiones domésticas, easyJet retiró decenas de servicios y ambas cuestionaron la capacidad del organismo para evitar fallas repetidas. El nuevo episodio es técnicamente distinto al ocurrido el 9 de septiembre, cuando un defecto informático provocó cerca de 2.000 cancelaciones, pero la distancia de apenas doce días convirtió dos averías separadas en una misma crisis de confianza.

Quién paga el caos: las aerolíneas reclaman millones al control aéreo británico

El enfrentamiento tiene una particularidad: National Air Traffic Services no es una compañía completamente estatal. El Gobierno británico conserva el 49% de las acciones y constituye su principal accionista, mientras otro 42% pertenece a Airline Group, un consorcio ligado al propio sector aéreo. Heathrow posee un 4% y el 5% restante está administrado mediante un fondo para los empleados. Parte de la industria que ahora exige respuestas participa, por lo tanto, de la estructura propietaria del organismo cuestionado.

La disputa económica había comenzado antes de esta última avería. Después del colapso del 8 de septiembre, Airlines UK (la asociación que representa, entre otras compañías, a British Airways y Virgin Atlantic) reclamó decenas de millones de libras para cubrir los gastos ocasionados. Kenton Jarvis, director ejecutivo de easyJet, sostuvo que las empresas se habían convertido nuevamente en la “aseguradora de último recurso”: deben devolver pasajes, asistir a los viajeros, reubicarlos y recomponer sus operaciones, aunque el problema se haya originado fuera de sus propios sistemas.

El grupo turístico TUI (Unión Turística Internacional) también pidió a NATS el reintegro de los costos asumidos durante aquella primera interrupción, que alteró los viajes de unos 25.000 clientes, pero recibió una negativa. El operador del tránsito aéreo se amparó en la legislación británica, que le permite restringir la circulación por razones de seguridad sin afrontar compensaciones directas. Su argumento es que esas decisiones preservaron la integridad de los vuelos, aunque hayan provocado cancelaciones, demoras y pérdidas millonarias.

El aeropuerto de Heathrow, principal puerta aérea de Reino Unido, volvió a quedar bajo presión tras la segunda falla del control de tránsito en menos de dos semanas.

Esa protección legal, sin embargo, no cierra completamente el caso. La Autoridad de Aviación Civil puede imponer sanciones si determina que NATS incumplió sus objetivos anuales de funcionamiento, mientras el Gobierno ordenó una revisión independiente sobre las fallas, las inversiones realizadas y la capacidad de respuesta del sistema. Las aerolíneas también pretenden modificar las normas para evitar que futuros colapsos vuelvan a dejar toda la carga económica sobre ellas. La segunda avería en menos de dos semanas añadió presión a una discusión que ya enfrenta a accionistas, empresas y autoridades por quién debe pagar la factura.

Estados Unidos también colapsa: 7.000 vuelos afectados por un cable cortado

Mientras Reino Unido intentaba recuperar su programación, una emergencia completamente independiente paralizó buena parte del tránsito aéreo del noreste de Estados Unidos. Cerca de 7.000 vuelos terminaron demorados o cancelados después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) perdiera durante horas una parte de sus comunicaciones con las aeronaves. La coincidencia convirtió la jornada en uno de los días más problemáticos del año para viajar a ambos lados del Atlántico.

El origen estuvo en una instalación de control ubicada en Filadelfia. Primero falló el circuito principal utilizado para transmitir información de radar y mantener el contacto por radio. Cuando los operadores intentaron apoyarse en la conexión de respaldo, descubrieron que una cuadrilla de obras había cortado accidentalmente unos 180 metros de fibra óptica en Nueva Jersey. La pérdida simultánea de ambas líneas obligó a detener ingresos y reducir el movimiento hasta recuperar una comunicación segura.

La FAA suspendió temporalmente las llegadas a JFK, LaGuardia y Newark, los tres grandes aeropuertos del área de Nueva York, además de aplicar restricciones en Filadelfia y Teterboro. Boston debió frenar operaciones por el volumen de vuelos desviados, mientras Washington Reagan también soportó interrupciones. Solo en las terminales neoyorquinas se registraron más de 1.400 servicios alterados y Newark acumuló alrededor de 600 cancelaciones. El problema coincidió, además, con la llegada de unos 130 jefes de Estado y numerosos ministros para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las comunicaciones fueron reparadas durante la tarde y los despegues comenzaron a reanudarse, aunque la acumulación de aviones fuera de posición prolongó las demoras. El secretario de Transporte, Sean Duffy, utilizó el episodio para volver a reclamar la modernización del control aéreo estadounidense: el Congreso ya destinó US$12.500 millones para renovar su infraestructura y el Gobierno solicita otros US$17.500 millones. Un corte accidental fue suficiente para revelar hasta qué punto una red envejecida puede bloquear algunos de los aeropuertos más transitados del mundo.

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