La prueba, desarrollada por LifeCodexx, consiste en el análisis de muestras de sangre de la mujer embarazada para determinar la presencia o ausencia del Síndrome de Down en el feto, conocido también con el nombre de Trisomía 21.
La empresa, con sede en Alemania, describió el proceso como "una alternativa sin riesgos a métodos tradicionales invasivos como la amniocentesis".
Por su parte, las organizaciones que pertenecen a la Federación Internacional del Síndrome de Down trataron de convencer a la Corte Europea de los Derechos Humanos de no reconocer el derecho a recurrir a este tipo de pruebas.
La Federación, que engloba a 30 asociaciones en 16 países, declaró en junio que la Corte de Estrasburgo debía "reconocer la condición humana y proteger el derecho a la vida de las personas con trisomía y discapacitadas".