A través de una querella, argumentan que bajo el amparo del principio de Jurisdicción Universal Uribe debe ser investigado por los 6.400 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por la Fuerza pública durante su mandato —el caso de falsos positivos y la justificación gubernamental de supuestas muertes ‘en combate’ de guerrilleros—
Tales querellantes piden a la Justicia argentina que aplique el principio de jurisdicción universal para investigar a Uribe “por ser quien lideró la estructura estatal empleada en la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad” por integrantes del Ejército Nacional bajo su mando.
Este martes, dichos familiares de víctimas, la Fundación Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y representantes de la Corporación Jurídica Libertad radicaron personalmente la denuncia en Buenos Aires, más precisamente ante el Juzgado Federal 2 a cargo del Juez instructor Sebastián Ramos.
También este jueves asistirán a un evento conjunto con las Abuelas de Plaza de Mayo.
Este caso que conmociona a Colombia es conocido como "los falsos positivos"; presuntos asesinatos a civiles, enmascarados en ‘bajas’ de combate, que acontecieron entre 2002 y 2008 en vísperas de una cuasi guerra civil en Colombia entre cárteles de narcotráfico, guerrillas como las Farc y las FF.AA. del Estado al mando de Álvaro Uribe.
Un polémico decreto durante tal mandato de Uribe, el decreto 029 -de 2005- del Ministerio de Defensa, fomentó la ‘mano dura’ al Ejército Nacional y esas ejecuciones extrajudiciales. Este decreto reglamentó el pago de recompensas de $3.800.000 a militares por capturar o bien dar de baja a guerrilleros.
En relación a ello, Laura Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña, un taxista y pintor automotriz que fue asesinado, soltó ante El País que interpone la querella “para que por lo menos se investigue la responsabilidad que tiene el señor Uribe dentro de todo esto”.
Su padre, Adolfo Piña, fue secuestrado por los militares, llevado a un paraje lejano y fusilado por la espalda junto a otra persona no identificada, así lo admitió un efectivo ante la Justicia de Colombia.
“Pero yo no busco al perpetrador solamente de la muerte de mi papá, porque esto fue un sistema en todo el país, sino que intento responder la pregunta de nosotras las víctimas de quién dio la orden, por qué se gestó esta orden. Así que le pedimos a la justicia [argentina] que investigue a los responsables de una política de seguridad de Gobierno”, dijo al diario El País.
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