Tanto Petro en Colombia como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Andrés Manuel López Obrador de México, han pedido transparencia y verificación de los resultados electorales en Venezuela.
Los 3 intentan alguna forma de mediación entre el presidente Nicolás Maduro y los referentes de la oposición: Edmundo González y María Corina Machado, quienes han pedido a los uniformados no reprimir al pueblo y coincidir con los ciudadanos que reclaman sus derechos.
Sin éxito, ambos dirigentes han intentado producir un corte en la vertical línea de mando de los oficiales tanto de la Fuerza Armada Nacional Boliviariana (FANB), que incluye a la Guardia Nacional Bolivariana.como a la Policía Nacional Bolivariana.
Las quejas
“Ante una crisis sin precedentes en la región, Colombia, Perú, Ecuador y Chile no han podido, o no han querido, proteger a quienes huyen de Venezuela. Las distintas medidas y programas que están implementando para ofrecerles un estatus migratorio regular no cumplen con los estándares que marca el derecho internacional. Estos Estados tienen la oportunidad y la obligación de proteger a las más de cinco millones de personas venezolanas en sus territorios de manera urgente”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Colombia, Perú, Ecuador y Chile albergan el 70% de las 7,71 millones de personas venezolanas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja y las violaciones masivas de derechos humanos.
En los 4 países se insiste en la infraestructura insuficiente ante la ola, algo que puede resultar cierto pero parcialmente. También han ocurrido casos de intolerancia, muy marcada en el caso de Perú.
Para Amnistía, no hay excusas.
A pesar de que Colombia, Perú, Ecuador y Chile cuentan con leyes que definen a una persona refugiada como quien huye de situaciones como la de Venezuela, rara vez las aplican.
Y los 4 países han suscrito los instrumentos de Derecho Internacional previstos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado (1951) y la Declaración de Cartagena (1984). Otros tiempos, es cierto.
En Colombia viven 2,9 millones de personas venezolanas, y desde 2021 se estableció el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV).
El permiso otorga a las personas venezolanas un estatus migratorio regular por 10 años, les autoriza a trabajar y acceder a servicios de salud y educación. Sin embargo, no establece garantías de protección frente a la devolución / deportación a Venezuela.
También incluye requisitos documentales de difícil cumplimiento, límites temporales excluyentes, demoras importantes en la tramitación de solicitudes, y la aparente incompatibilidad entre el ETPV y solicitudes de refugio.
En Cúcuta dicen que todo esto puede ser cierto pero excede a su competencia municipal. Luego, las consecuencias ubica a los cucuteños en la primera línea de las consecuencias.
Enorme preocupación por estas horas.
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