“El espacio en donde estábamos transitando con los periodistas no me permitió tener la capacidad de escuchar esta pregunta, supuse que era la misma en torno a los derechos humanos de los violadores y por eso respondí eso. Me refería a que los violadores de niños y niñas son ratas. En ningún momento me refería a los lamentables acontecimientos que vivió nuestro país meses atrás, en donde las investigaciones están a cargo de la Fiscalía”, insistió uno de los síntomas más íntimos de Dina Boluarte.
Sin embargo, la pregunta fue inequívoca: “¿Hoy es el día de los Derechos Humanos, desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas?”, y tuvo como respuesta aquella contestación infame.
No es la primera vez que Quero se ve enredado en un polémica, pese a sus escasos meses en el gabinete. A mediados de año, consideró que las violaciones de más de 500 estudiantes de la provincia de Condorcanqui, en su mayoría de la etnia awajún, entre 2014 y 2024 eran parte de “una práctica cultural para ejercer una forma de construcción familiar”. Además, usó la muerte de un profesor en un mitin. Dina Boluarte lo respaldó y no lo removió de su cargo.
Protestas 2023-2024
Diversas organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional sostuvieron en informes el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los militares y los agentes policiales durante las manifestaciones entre diciembre de 2022 y el primer trimestre de 2023.
Cabe recordar que Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú en medio de un clima político caótico. Los seguidores de Pedro Castillo, se oponían a su liderazgo y tomaron las calles para exigir un adelanto de elecciones y cierre de congreso, una demanda que escaló rápidamente debido a la represión de las fuerzas del orden.
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50 muertos en las protestas de 2022 y 2023.
50 personas y un policía murieron y más de 1.400 resultaron heridas. La evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte. Según supo El País, “se cometieron ejecuciones extrajudiciales, incluso contra personas que no participaban de las protestas. Se ha concluido también que ninguna víctima estuvo armada y que en su mayoría fallecieron por impactos de armas de fuego. Los asesinatos ocurrieron en las regiones andinas de Ayacucho, Apurímac, Puno, Cusco y Junín, y también en las regiones costeras de Lima, La Libertad y Arequipa”.
Días atrás, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos – WOLA, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Federación Internacional de Derechos Humanos – FIDH señalaron preocupantes indicios de un sesgo racista y una estrategia intencional detrás de estas acciones, atribuyendo responsabilidad a altos funcionarios del Estado peruano, incluida la presidenta Dina Boluarte y sus ministros.
En agosto denuncian por segunda vez a Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por las muertes durante protestas en 2023.
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