La antigua Birmania lleva sumida en una profunda crisis política, económica y social desde que el Ejército perpetró un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021, con el que arrebató el poder al Gobierno democrático de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, de 77 años, explica el diario El País.
El relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos en Myanmar, Tom Andrews, condenó las ejecuciones: “Estas personas fueron juzgadas, declaradas culpables y sentenciadas por un tribunal militar sin derecho a apelación y, según informes, sin asistencia de un abogado, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”, denuncia Andrews en un comunicado colgado en Twitter.
El representante de la ONU insta a la comunidad internacional a actuar de manera contundente contra el régimen militar, que dio un golpe de Estado el 1 febrero de 2021, por sus “asesinatos generalizados y sistemáticos de manifestantes, ataques indiscriminados contra pueblos enteros y, ahora, la ejecución de líderes de la oposición”.
Amnistía Internacional afirmó que el último ajusticiamiento tuvo lugar en la antigua Birmania en 1988, bajo la dictadura militar que gobernó la nación durante medio siglo (de 1962 a 2011). A pesar de que la pena capital no ha sido nunca revocada en el país, estas condenas se solían conmutar a penas de prisión tras los tradicionales indultos que las autoridades otorgan en fechas señaladas.