Otro episodio muy resonante en esta campaña presidencial atípica fue el del ex diputado Roberto Jefferson, aliado del presidente, que atacó a balazos y con granadas a la policía cuando fue a detenerlo por desacato.
También, tal como contó Urgente24, la misma justicia responsabilizó al equipo de campaña oficialista por entorpecer el proceso electoral, a medida que las redes sociales no le garantizan la diferencia que él pretendía desde un comienzo para su reelección. Por lo que, según trascendió ante el triunfo que las encuestas deparan a Lula, Bolsonaro nervioso reforzó la ofensiva de ataques al TSE e insistió en la acusación de boicot a algunas radios del país que se habrían negado a promocionar la “propaganda obligatoria” con lo que frente a una eventual derrota aplicaría a la ilegitimidad del resultado. No obstante, el día 26/10, Bolsonaro había difundido un comunicado garantizando que el candidato que obtenga más votos asumirá la Presidencia de manera justa.
Desde el otro lado de la grieta brasileña, a la campaña de Lula, le solicitaron dar de baja un spot que responsabilizaba a Bolsonaro y sus hijos con un esquema de corrupción, uno sobre la compra de inmuebles con dinero en efectivo y otro en el que se afirma falsamente que el presidente derechista confesó haber incurrido en actos de canibalismo y pedofilia.
Escasa legislación
Sin embargo, según especialistas, las intervenciones judiciales y las diversas instituciones que participan en el proceso electoral son indolentes y continúan sin actuar a tiempo; otros, como el Ministerio Público Federal (MPF), las entienden como una pretensión de actuar con “poder de policía y árbitro''. Existe otro grupo que piden colaboración y ayuda de empresas “fact checking”, pero su chequeo de información es bastante relativo y sesgado en términos políticos.
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La intervención del TSE en la campaña electoral de Brasil muy cuestionada por su incapacidad y su rol en un época en que las redes sociales empoderan a los usuarios mediante la libertad de expresión.
Muchos también entienden que la reciente intervención de autoridades electorales en el país sudamericano son las restricciones a la libertad de expresión más severas jamás registradas.
Tras el debate de ayer entre dos boxeadores en un ring sin reglas (no candidatos presidenciales bajo un código común), y a un día de ballatoge, la identidad del próximo presidente continúa siendo incierta. Puede suceder lo impensado o no. En la última semana, el PT cayó del 58% al 55% entre los católicos, que es casi la mitad de la población, mientras que Bolsonaro pasó del 37% al 39%. La diferencia entre ellos se redujo de 21 a 16 puntos porcentuales. En este marco de incertidumbre nada contribuyen los errores de las encuestas que protagonizaron la primera vuelta. El caos postelectoral se avecina.
Desafío del siglo: combatir la noticias falsas
Esta campaña excepcional en Brasil presenta un gran desafío a los tribunales electorales e instituciones internacionales porque las noticias falsas son un problema global. Más allá de que la mayoría del contenido engañoso no provienen de canales oficiales sino de "paralelos" o "propaganda lado b", el impacto en el mundo digital es el mismo. Una vez que se publica una información interesante, divertida, polémica en el viral entorno de las redes, sea verdadera o no, su circulación y reproducción es incontenible.
Mientras que las fábricas ágiles de noticias falsas se tornan progresivamente más poderosas, ingeniosas y logran instalar sofismas, los gobiernos con sus pobres instituciones improvisan a destiempo ,y la lenta justicia con sus leyes anticuadas muestra su incompetencia. La velocidad de la difusión de las noticias falsas supera con creces la de la justicia.
Este desinformático universo de la locura representa el gran desafío del siglo en el predominante mundo digitalizado. Los spams, milicia digitales o trolls, fuentes anónimos, discursos infundados que nutren a las fakes news sumergen al ciudadano en un escenario de angustia e incertidumbre, esencilamente en procesos electorales en los que se definen el futuro de os países. Sin dudas, algunos sectores indolentes se ven tentados a formular soluciones vagas y simplistas.
Sin embargo, el contexto complejo requiere del trabajo arduo y la cooperación entre los gobiernos para encontrar una solución eficaz que frene la proliferación de las noticias falsas que nada contribuyen al debate público. Establecer una ley de odio, sobrevalorar a las empresas con sus mecanismos “fact checking” sería totalmente contrario a un sistema democrático, cuyo buen funcionamiento se garantiza a través de la libertad de expresión, diversidad de opiniones y un ejercicio crítico y responsable.
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