El texto aprobado solicita que la continuidad del debate se haga "a través de las observaciones de los Estados Miembros al Plan Estratégico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la consideración de su Informe Anual a esta Asamblea General".
Pero ¿alguien cree que el presidente Rafael Correa aceptará que ese diálogo no prospere según sus expectativas? ¿Cuánto tiempo demorará el SIDH en volver a la crisis?
Todos conocen que el fondo de la cuestión es la Relatoría de Libertad de Expresión, que es 1 de las 10 relatorías que integran el SIDH, y Ecuador se encuentra furioso porque ha sido condenado por atentar contra la libertad de prensa. Por lo tanto, quiere bloquear el funcionamiento de la Relatoría de Libertad de Expresión.
La consecuencia más grave de todo lo sucedido sería que, por impedir una nueva crisis del SIDH, la Relatoría de Libertad de Expresión dejara de cumplir con su deber, 'licuara' o 'flexibilizara' sus futuros informes para evitar polémicas, poniendo en riesgo la voz más potente en el continente contra los abusos que algunos gobiernos cometen.
Amenazas
Durante la larga reunión a puertas cerradas en la Comisión General creada en paralelo a la cita de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), los representantes de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua presionaron para que ese nuevo párrafo incluyera los puntos que ellos plantearon en su nueva propuesta.
Ecuador había advertido que se retiraba del SIDH si no se aceptaba esa continuidad del diálogo sobre una reforma probable.
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, advirtió que su país se planteaba "estar fuera del Sistema (Interamericano de Derechos Humanos)" en una aparente amenaza de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, tal como ya lo hizo Venezuela en septiembre de 2012.
Si no se sigue dialogando sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), advirtió Patiño, "anunciamos desde ya que preferimos estar fuera del sistema y tomar decisiones como algunos países que no tienen compromiso con el sistema".
Los puntos que reclamó incluir se refieren a las medidas cautelares de la CIDH, su sede, el funcionamiento de las relatorías de ese órgano, la ratificación de todos los países de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la "autonomía e independencia" la propia Comisión.
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El resto de puntos quedaron, con ligeros cambios, igual que en la propuesta de resolución elaborada la semana pasada por un grupo de trabajo del Consejo Permanente de la OEA, que "toma nota" de la reforma que la CIDH aprobó días atrás para su propio reglamento, y que entrará en vigor el 01/08/2013.
Además, se mantuvo que mientras se logra el "pleno financiamiento" de la Comisión por parte del presupuesto de la OEA, se sigan haciendo contribuciones voluntarias "preferentemente sin fines específicos", lo que permite a la CIDH seguir buscando fondos externos a la organización y los Estados miembros, como reclamaba.
A Ecuador se le sumó Venezuela, otro país que acostumbra poner en riesgo la libertad de expresión.
"El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que años atrás defendió a los perseguidos, hoy, con frecuencia, ampara a golpistas, terroristas y criminales que sirven a los grandes centros de ultraderecha", manifestó el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton Matos, durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Venezuela se declaró "en rebeldía" contra un Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) "corrupto y pusilánime", según afirmó el embajador.
Chaderton, asimismo, dijo que el SIDH se ha convertido en una instancia supranacional con una ilegítima autonomía, frente a los Estados soberanos y gobiernos legítimamente elegidos de la región.
"Por eso pensamos que, entre otros progresos, la sede debería moverse bien al sur, quizás a Buenos Aires", señaló, debido a que, entre otras reformas, se planteó cambiar la sede del organismo, actualmente en la capital estadounidense, a un país que sí hubiese ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, el fundamento del SIDH.
Frustración
Si el propósito de la reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) era dar por concluido el proceso de reforma de su Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), un deseo en el que coincidían todos los países miembros de la Organización -salvo Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua-, la mayoría fracasó en su objetivo, y triunfó la minoría.
El bloque del ALBA, en su obstinación por evitar que la Organización adoptara una resolución que escenificara el fracaso de sus propias iniciativas, consiguió, después de casi 12 horas de reunión, deslizar en el texto final un llamamiento a su Consejo Permanente para que “continúe el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del SIDH”. Una victoria pírrica ya que el ALBA ha debido claudicar en el resto de sus reivindicaciones, que no se han tomado en consideración por la OEA.
Con su iniciativa, la Argentina ha impedido que en la OEA ocurriese una inusual votación del proceso de resolución sobre el que el resto de los 30 Estados miembros sí estaban de acuerdo, situación que hubiese desnudado la soledad de las posiciones del bloque opositor.
Además, muy probablemente, la Argentina iba a tener que verse obligada a precisar su posición, algo que ha intentado evitar durante la etapa final del debate.
“Después de la propuesta de Argentina, sentimos que la propuesta de los países del ALBA está considerada y estamos dispuestos a aceptar ese consenso y considerar la resolución una resolución por unanimidad”, explicó al filo de la medianoche el ministro de Asuntos Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño.
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Desacuerdos
Fue un acuerdo que mostró claramente las divisiones de los miembros de la OEA respecto a la CIDH pero al final el organismo mantuvo su supuesta unidad (?), y pasada la medianoche hubieron aplausos porque se logró la unanimidad (?).
El documento acordado promueve que, eventualmente, sean los estados de la OEA los que financien a la CIDH y las relatorías, pero no cierra la posibilidad de que estos organismos accedan a capital exterior ya que la OEA solo puede financiar el 45% del presupuesto de la CIDH.
Por ejemplo, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión depende de fondos externos y el objetivo de la ALBA era eliminarla por desfinanciación, quitándole la posibilidad de obtener recursos fuera del organismo.
Pero la posición de USA fue firme. "Restringir las contribuciones o eliminar la posibilidad de financiar actividades específicas de la Comisión viola nuestra promesa de lograr un sistema más fuerte", dijo William Burns, vicesecretario de Estado estadounidense. "La mayoría de estados miembros concentrados en perfeccionar nuestro sistema de derechos humanos deben proteger a la Comisión de los pocos que intentan debilitarla".
Entonces la Argentina propuso la tregua que resultó de enmendar el párrafo que abre la puerta a una prolongación del diálogo.
Antes del acuerdo, el debate contó con momentos tensos, como cuando el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño calificó a la CIDH de "vacía de toda sustancia".
Algunos datos
La posición impulsada por el presidente Rafael Correa no generó consenso ni más adhesiones de las que tenía cuando comenzó el debate en Washington.
Su intento de modificar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y debilitar a la Relatoría de Libertad de Expresión, no prosperó.
Largos viajes del ministro de Relaciones Exteriores, Patiño, fogosos discursos y reiterados ataques a la prensa, no ganaron simpatías entre los países miembros.
Ni siquiera la propuesta de Ecuador y Venezuela de cambiar la sede de la CIDH a la Argentina (hoy día es en USA), porque la mayoría de los países optaron por proponer que vaya a Costa Rica, donde funciona la Corte Interamericana.
Ecuador buscó debilitar a la CIDH y en especial a la Relatoría de Libertad de Expresión; pero otros cancilleres se mostraron partidarios de dotar de recursos a las demás relatorías sin afectar a la de Libertad de Expresión.
Luego, fue el complejo proceso de decisiones de la OEA, que prima el consenso en sus resoluciones, antes que forzar una votación que ponga en evidencia la posturas contrarias de sus miembros, le permitió a la ALBA introducir una de sus reivindicaciones en la resolución final.
La concesión a la ALBA amargó la victoria del bloque mayoritario. Por una abrumadora mayoría quedó en evidencia en la OEA que no se tenía en cuenta ninguna de las reivindicaciones de Ecuador y sus aliados. Ni su plan para la financiación del SIDH, ni la prohibición para que su órgano de protección de derechos ordene medidas cautelares, ni la reforma del contenido del capítulo IV del Informe Anual de la CIDH, conocido como 'lista negra' porque incluye a los países más incumplidores con las libertades públicas de la región; ni su petición de última hora del cambio de la sede de la Comisión fuera de Washington.
Una reforma crucial
El sistema de protección de derechos humanos de la OEA es uno de los más prestigiosos del mundo. La función de la CIDH en la denuncia de las desapariciones y los delitos de lesa humanidad realizados por las diferentes dictaduras americanas en los 80 ha sido decisiva para garantizar la justicia para las víctimas y apuntalar la consolidación de las democracias en la región en la última década.
La Comisión fue la primera en pedir medidas cautelares contra Guantánamo, fue el altavoz de las denuncias contra el terrorismo de Estado del presidente de Perú, Alberto Fujimori, y es el último recurso del que disponen los 500 millones de habitantes de la región para poder defenderse ante la violación de sus derechos civiles por parte de los Estados.
Sin embargo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo del reclamo de reforma uno de sus principales temas de agenca internacional. La situación era muy importante y prueba de ello fue que USA envió a su N°2 del Departamento de Estado, William Burns.
“A lo largo del proceso ha quedado claro qué Estados han querido debilitar a la CIDH”, dijo Roberta Jacobson, mano derecha de Burns. “El acuerdo final no es perfecto, pero hemos conseguido elevar el nivel de todas las relatorías, asegurar la autonomía de la Comisión y garantizar su financiación externa”, ha indicado.
Todos los Estados han coincidido en que, para garantizar el fortalecimiento del SIDH es necesario mejorar su financiación y conseguir que todos los Estados de la OEA ratifiquen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de la Organización, un velado tirón de orejas para USA que, aunque ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, no la ha ratificado.
“Sabemos que es un reclamo de la OEA, y nosotros queremos ratificarlo, pero eso es una decisión del Congreso”, explicó Jacobson.
Pero carece de sentido cargar las tintas contra USA: de los 34 miembros de la OEA, apenas 23 han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos –inclusive Trinidad y Tobago y Venezuela la han denunciado, Bolivia amenazó con hacerlo, y Ecuador, amagó con seguirlos- y únicamente 7 han rubricado todos los instrumentos de protección.
