Entre 2006 y 2012 se repitieron los casos de personas que fueron secuestradas por los cárteles y obligadas a convertirse en sicarios, en jornaleros de plantíos de droga como marihuana y amapola o vigilantes de las llamadas casas de seguridad.
También existen casos de profesionales en telecomunicaciones o médicos que fueron forzados a trabajar en sus especialidades para los cárteles de la droga.
La Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) dijo que la lista incluye a personas que podrían haber reaparecido, como sucede en el caso de emigrantes a Estados Unidos que no dan aviso a sus familiares inicialmente, por lo que es necesaria su depuración para proceder a investigar los casos genuinos.
"Esta base de datos será depurada por el gobierno de la república en coordinación con las procuradurías locales, con el propósito de determinar aquellos casos en que la no localización está relacionada con un ilícito", dijo en rueda de prensa la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón.
La organización Human Rights Watch divulgó la semana pasada un reporte donde documentó 149 casos desde 2007 de personas que jamás volvieron a ser vistas después de ser detenidas por fuerzas de seguridad y acusó al Gobierno anterior de no investigar debidamente estas desapariciones.
La estrategia de Calderón fue duramente criticada por el elevado número de víctimas inocentes que dejó, además de que la violencia se extendió desde algunas regiones al resto del país y los cárteles comenzaron a dedicarse no sólo al tráfico de drogas sino también a secuestros, extorsiones y tráfico de personas.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto, que asumió el 1 de diciembre, ha dicho que está decidido a atender los reclamos de los familiares de las víctimas, aunque algunos críticos dicen que no está clara aún cuál será su estrategia global para enfrentar la violencia.
