La oposición calificó la iniciativa del MPP como "un atropello" a la Justicia.
Es posible iniciar un juicio político a la SCJ por violación de la Constitución o en casos de delitos graves, y para hacer efectiva la denuncia se requiere una mayoría especial de dos tercios de votos en el Senado. La mayoría cree que no prosperará pero que abrirá nuevas grietas dentro del gobernante Frente Amplio.
El MPP impulsa el juicio político en el entendido que la Corte "es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también, de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República".
En un comunicado, el MPP advirtió que "se recorrerán los caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la Corte en las decisiones".
La primera senadora del MPP, Lucía Topolansky, mujer de José Mujica, dijo que "no es casual que el artículo 3ro. (de la Ley 18.831), el cual fue declarado inconstitucional, se refiera a los delitos de lesa humanidad. Los mismos que Uruguay reconoció al firmar diversos tratados internacionales".
En la red social Facebook, el diputado Alejandro Sánchez (MPP) calificó a los ministros de la Corte de "dinosaurios amantes de la impunidad, que pretenden negar la Justicia".
El Partido Comunista (PCU), por su parte, indicó que la sentencia "no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un conjunto de decisiones y de inacciones conducentes a un solo objetivo: garantizar la impunidad de los violadores de los derechos humanos".
La declaración del PCU asegura que la Corte "ha demostrado ser funcional a los terroristas de Estado y ha tomado partido a favor de la impunidad y de los impunes". Y que los ministros (de la SCJ) "nunca hicieron nada durante todo su desempeño en el sistema judicial para investigar y enfrentar la impunidad".
El senador y secretario general del PCU, Eduardo Lorier,
dijo al diario El País que está a favor de estudiar un juicio político a la Corte, y que promoverá una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos) y la redacción de un proyecto de ley para cambiar el sistema de designación de jueces.
El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo que su sector también promoverá la denuncia contra la Corte "en todos los organismos internacionales", y trabajará en la redacción de una ley de judicaturas para regular los traslados y ascensos de los magistrados.
"Se suele confundir al Poder Judicial con las gestiones de la Suprema Corte. Las gestiones deben estar reguladas, sino los jueces quedan desprotegidos", aseguró Rubio. Respecto al planteo del MPP, indicó que la posibilidad de un juicio político "se debe analizar con frialdad".
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Pero el diputado Víctor Semproni (Espacio 609, otra corriente interna del Frente Amplio) dijo que la posibilidad de hacer un juicio político a la Corte "es inviable" y señaló que el fallo "es indiscutible" porque se trata del máximo órgano judicial.
Disputas
En tanto, se suceden otros acontecimientos, internos de la Administración Mujica, y del Frente Amplio en el poder.
Ya no es una novedad ni un secreto de las diferencias sobre la política económica, que en verdad se remonta a la Administración Vázquez, pero que ahora son inocultables y graves.
Rige una tregua transitoria, luego de los choques de los días recientes.
El presidente José Mujica logró acordar con el vice, Danilo Astori, un mecanismo para la cohabitación en materia económica: el vicepresidente recibió del mandatario un compromiso político para canalizar por vías institucionales todas las sugerencias y discrepancias del equipo 'en las sombras' o paralelo o alternativo o 'muletto' que funciona en la Torre Ejecutiva, y que encabeza el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni.
El acuerdo consiste en que él no impulsará más acciones a espaldas del ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, tal como ha sucedido en los últimos meses.
¿Cuánto durará? En las próximas horas, Mujica empieza su 4to. año en la Administración, y son muchos los problemas sin resolver.
A punto de cumplir su tercer año de gestión, el presidente José Mujica se encuentra en un cruce de caminos de esos en los que confluyen varias calles, a cual más peligrosa.Por un lado está en juego la unidad del gobierno y la consecución de la línea económica que desde hace ocho años lleva adelante el sector del vicepresidente Danilo Astori.
Por otro lado, se ha topado con resonantes fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que echan por tierra medidas consideradas muy importantes por el gobierno pero que, además, se meten indirectamente como cuñas en esas llagas frenteamplistas.
La declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) no quedó en una mera diferencia entre el Ejecutivo y el Judicial. El asunto llegó a los miembros del equipo económico, y Astori en particular se la cobró a los miembros del equipo económico alternativo que gira en torno al presidente.
Astori, que junto al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, habían rechazado el ICIR aunque luego terminaron cediendo a las presiones mujiquistas, llamó ahora a gobernar con cuidado y pidió que dejen la economía en manos de quienes están en ese ministerio.
De pronto, las advertencias sobre el déficit creciente, las preocupaciones por la inflación y por el tipo de cambio desaparecieron puntualmente de escena ya que en el gobierno se instaló el debate sobre la orientación misma de la política económica de la que dependerán esas y otras variables.
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Según las fuentes que suelen hablar con El Observador, en el Consejo de Ministros del miércoles 20 Mujica se mostró enojado con esta polémica pública y si bien dijo que la línea económica se mantiene (algo que repitió ayer en su audición radial) también dio a entender que sus hombres (el director de la OPP, Gabriel Frugoni y el asesor Pedro Buonomo, entre otros) tienen cosas para decir sobre el manejo económico. Y que la última palabra era de él.
Y que al que no le gustara se fuera, aunque, dijo, es mejor que nadie se vaya.
Tan abrupto fue todo que el Consejo quedó en un “cuarto intermedio” en torno a un asunto que, según la opinión de quienes trabajan con capitales extranjeros, llevó un poco de nervios a algunos inversores.
Con ese cuarto intermedio en transcurso, la SCJ da a conocer otro fallo que más allá de lo estrictamente jurídico, roza fibras íntimas que han dividido a ciertos grupos del gobierno: declaró inconstitucional la ley que interpretó la ley de Caducidad. Esa norma que ahora cae, había declarado imprescriptibles los delitos cometidos durante la dictadura militar (1973-1985).
Ya en los días previos el tema de los derechos humanos en el pasado reciente había enfrentado al Poder Judicial con el gobierno frenteamplista cuando la bancada oficialista invitó a los miembros de la SCJ al Parlamento para que explicaran por qué habían removido del área penal a la jueza Mariana Mota.
La jueza era considerada un adalid que encajaba en la estrategia de DDHH de quienes aprobaron esa ley y lograron que otros militares engrosaran la lista de los detenidos por delitos de lesa humanidad.
El asunto de los derechos humanos (ya sea por lo de Mota como por este fallo de la SCJ) expone una vez más las diferencias que hay en el oficialismo respecto al tema.
Mientras que algunos sectores han insistido con sus reclamos de “verdad y justicia”, Muijica y sus viejos compañeros tupamaros siempre tuvieron una actitud displicente en torno al asunto.
El Presidente llegó a expresar su desagrado de que haya viejos que están presos y manejó la idea de buscar cómo concederles prisión domiciliaria, una idea que cayó gruesa en el Frente Amplio y quedó por el camino.
Pero la lectura acerca de este fallo sobre la caducidad no es tan lineal. Por un lado podrá poner de buen humor a Mujica y a todos los que les parecía mal aquella ley, pero por otro se trata de nuevo golpe de la Justicia que está abriendo nuevas heridas en el presente del gobierno. Y no es que la mano de la Suprema Corte de Justicia desaparezca aquí.
En el camino hay temas pendientes sobre los que esta misma corporación deberá pronunciarse: el impuesto a los jubilados, la ley de Fideicomiso de Pluna, y la ley de patente única. Temas demasiado importantes como para que no sorprenda que desde la izquierda, nada menos que la primera dama y senadora Lucía Topolansky y el MPP, empiecen a hablar de juicio político a la SCJ.
