Human Rights Watch comenzó en (1978) con la creación de Helsinki Watch, cuyo objetivo era ayudar a los grupos ciudadanos formados en todo el bloque soviético a verificar el cumplimiento gubernamental de los Acuerdos de Helsinki de 1975.
En 1988, la organización adoptó formalmente el nombre incluyente de Human Rights Watch.
Human Rights Watch es miembro fundador del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, una red global de organizaciones no gubernamentales que monitorea la censura alrededor del mundo.
Desde 1993 su director ejecutivo es Kenneth Roth, egresado de las universidades de Yale y Brown. Su padre huyó de la Alemania Nazi en 1938. Roth empezó a trabajar en derechos humanos después de la declaración de la ley marcial en Polonia en 1981, y posteriormente se involucró en asuntos en Haití.
Human Rights Watch fue acusada en 2008 por el gobierno de Venezuela (sus por entonces ministros de Interior, y de Relaciones Exteriores, Tarek El Aissami y Nicolás Maduro respectivamente), de estar "inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos" del país, y expulsó a sus representantes.
El entonces ministro de Comunicación e Información y presidente de TeleSUR, Andrés Izarra, calificó a Human Rights Watch como "una fachada de la injerencia estadounidense en Venezuela" y les acusó de estar al servicio de "los intereses más bastardos de la oligarquía venezolana al servicio de los intereses imperiales".
El informe 2012, de 75 páginas, dibuja un panorama preocupante sobre la situación de derechos humanos en 2012 en 14 países del continente americano. Así, el informe de HRW denuncia que desde que el presidente venezolano, Hugo Chávez, llegó al poder hace 14 años, "la acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie" a quienes critican al mandatario o se oponen a su agenda.
Chávez y sus partidarios "han abusado de su poder en una gran variedad de casos que han afectado al poder judicial, los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos", indica.
El documento también denuncia que las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad en Venezuela siguen siendo "una práctica recurrente" y que, según cifras oficiales, 7.998 personas "habrían muerto a manos de miembros de las fuerzas seguridad pública" entre enero de 2000 y los primeros cuatro meses de 2009.
En el caso de Colombia, el informe destaca que los grupos armados irregulares siguieron cometiendo "graves abusos" en 2012 "La impunidad crónica en casos de violaciones de derechos humanos continúa representando un grave problema", advierte HRW, que señala, no obstante, que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos "ha repudiado públicamente las amenazas y agresiones contra defensores de los derechos humanos".
El informe señala que la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pensada para ayudar a la población de desplazados internos, "ha avanzado lentamente" y muchas personas que han presentado reclamos dentro de esa ley "han sufrido amenazas y ataques".
HRW señala que el diálogo de paz iniciado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en octubre de 2012 es "la primera oportunidad de Colombia en más de una década" para resolver casi 50 años de conflicto armado.
El análisis también destaca que, en el marco de la lucha antinarcóticos y del crimen organizado, las fuerzas de seguridad en México han cometido "numerosas violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones, desapariciones y torturas", y que "casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente".
Esa situación "ha exacerbado el clima de violencia e impunidad que prevalece en muchas regiones" en México, advirtió. HRW criticó que la mayoría de los abusos cometidos por militares siguen siendo juzgados en el fuero militar, "que carece de independencia e imparcialidad".
Por otra parte, HRW consideró que Cuba "sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político" y en 2012 La Habana continuó recurriendo a "detenciones arbitrarias, golpizas, actos de repudio, restricciones de viaje y exilio forzado".
El Gobierno cubano liberó a decenas de presos políticos en 2010 y 2011, "pero aún es común que se condene a disidentes a cumplir penas de uno a cuatro años de prisión mediante juicios a puerta cerrada y sumarios", mientras otros son sometidos a detenciones prolongadas sin acusación alguna, dijo HRW.
El grupo humanitario señaló que aunque Cuba ha eliminado el requisito de obtener un permiso de salida de la isla, las reformas actuales "podrían ser utilizadas por las autoridades para continuar denegando el derecho a viajar a personas críticas del Gobierno".
Estados Unidos no escapó al escrutinio de HRW, que criticó su continua práctica en 2012 de la pena de muerte, la emisión de penas carcelarias con grandes disparidades raciales, un número "histórico" de 396.906 deportados, y las detenciones sin cargos formales en su centro penal en Guantánamo.
El informe también incluye la situación de los derechos humanos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, y Perú.
