Desde entonces hay escándalo político-económico en Uruguay, y el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo tuvo que presentar un informe en el Congreso.
Leonardo Pereyra explicó en el diario El Observador, de Montevideo, que en esa ocasión, Lorenzo, resolvió mantener en secreto la respuesta del Banco Central de Uruguay (BCU) a un pedido de informe del líder opositor Jorge Larrañaga –en la que quedan al descubierto irregularidades en el fracasado negocio de venta de los aviones de la ex Pluna– pese a que la propia autoridad monetaria estableció que el documento no tiene carácter reservado.
Según El Observador, la respuesta del BCU a la 5ta. pregunta de las 7 realizadas en el pedido de informes de Larrañaga admite que el Banco República (agente financiero del BCU) no tuvo en cuenta varias normas bancocentralistas ni las leyes antilavado de dinero al otorgarle el aval de compra a la empresa Cosmo.
El informe completo sí fue enviado a la Justicia, según un comunicado de Lorenzo.
El BCU le envió el documento al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que éste, a su vez, se lo entregara a Larrañaga. Pero el ministro Lorenzo le mandó al legislador 6 de las respuestas y se guardó 1.
“Lorenzo mutiló la respuesta del Banco Central. Continúa escamoteando la información al Parlamento. A un legislador no le son aplicables las restricciones que pretende generar el ministro. Es el Parlamento quien puede analizar las eventuales responsabilidades políticas de los ministros y éste nos limita la información”, dijo Larrañaga.
Lorenzo explicó que no envió el documento completo al legislador es contradictoria porque se refiere a eventuales investigaciones que, según dice él, aún no están en curso. “Se ha optado por mantener en reserva la respuesta a la pregunta N° 5 por cuanto la misma involucra aspectos que dicen relación con eventuales investigaciones a realizar, no habiéndose instruido aún un procedimiento administrativo –con las garantías del caso– para la institución involucrada”, escribió Lorenzo.
Incluso, Lorenzo le advirtió al legislador que “la información adjunta (es decir, el resto de las respuestas) es brindada bajo la misma reserva con la cual es recibida y –en tal carácter– debería ser procesada –inclusive– por los miembros del Poder Legislativo”.
La respuesta a la “pregunta 5” es considerada “clave” por la oposición para determinar si hubo violaciones a las normas que regulan la actividad bancaria. Allí Larrañaga pregunta “si la normativa bancocentralista y del propio Banco República fue cumplida en forma estricta en la operación de referencia. Si a criterio del Banco Central del Uruguay al momento del otorgamiento del aval, el Banco República tenía un conocimiento cabal del cliente a quien le fue otorgado. Respecto a este punto se solicita se informe cuál es la categorización de riesgo que el Banco República ha realizado de la firma Cosmo y si la misma se ajusta a las normas de acuerdo al Banco Central del Uruguay”.
Larrañaga realizó su pedido de informe el 17/10 pero recién a finales de noviembre el MEF reconoció que la respuesta del BCU estaba en su poder y que no la daba a conocer porque podía violar el secreto bancario.
Cuando Larrañaga vio que la totalidad del informe del BCU había sido retenida en el Ministerio de Economía, recurrió a la denominada “ley de acceso a la información” para que, al menos, la autoridad monetaria le respondiera la pregunta número 7 de su cuestionario. Esta interrogaba acerca de si una operación de aval bancario queda o no comprendida por el secreto bancario. En el entremedio, le llegó el documento “podado” por Lorenzo –al hacer la fotocopia pusieron un papel en blanco sobre la respuesta 5 para ocultarla–.
“La operación de aval, comprendiendo en ello la identificación del avalado, el monto, los términos y condiciones de la relación crediticia, sus garantías, no está comprendida en el secreto bancario. Sí- en cambio- está comprendida la información confidencial que el cliente hubiese hecho llegar al Banco para obtener ese crédito de firma (estados patrimoniales, información económico financiera de la empresa, etc)”, señala el escrito. El asesor tampoco encuentra impedimento en que tome estado público “la categorización de riesgo” que se le otorgó a la empresa Cosmo.
No obstante, señala que el BCU “podría invocar transitoriamente la ‘reserva’ atendiendo a que se trata de una constatación primaria realizada por los inspectores, no habiéndose instruido aún un procedimiento administrativo con las garantías del caso para la institución involucrada; u optar por suministrar la información en aras de las transparencia pública propia de la responsabilidad que les compete”. De todos modos, el abogado no advirtió impedimentos jurídicos para darle toda la información al Ministerio de Economía.
