“Nos corresponde es rescatar a la sociedad, la política, instituciones, la cultura de una actividad voraz y depredadora que por la prohibición de estas sustancias ha provocado más daños a nuestros países”.
En ese sentido, ambos gobiernos decidieron organizar una "mesa de trabajo" conjunta para empezar a discutir estrategias que permitan cambiar la realidad de la zona fronteriza, sobre todo en la región costera del río Mataje, afectada por el accionar de grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico. Una que se debatió fue impulsar el comercio café y el cacao, productos que gozan de gran acogida en los mercados mundiales.
Presidentes polémicos
Ambos presidentes exhibieron su disposición de luchar contra el narco en sus respectivos países. Sin embargo, sus palabras no convencieron a la población y medios que se hicieron eco de ciertos escándalos de corrupción familiares que afectaron a a ambos en el último tiempo.
Más allá del estrepitoso fracaso del conflicto armado interno de Noboa contra el narco, él está en el ojo de la tormenta por las denuncias públicas que lo que acusan a él y a su empresa familiar (de bananos) de traficar cocaína oculta en los cargamentos de fruta.
Tal como contó Urgente24, Noboa goza de un abultado patrimonio: su familia es dueña de la Exportadora Bananera Noboa, que pertenece al Grupo Noboa que tiene 110 compañías, y goza de activos por USD 1.355 millones. El control del grupo está en manos de Álvaro Noboa Pontón, su padre, quien también se había postulado 5 veces a la presidencia ecuatoriana.
Asimismo, en noviembre una investigación periodística de Connectas, reveló que el gobierno cedió millones en contratos públicos a empresas profundamente vinculadas con figuras clave del narco en el país en medio de una de las peores crisis de seguridad en Ecuador y de la batalla oficial de Daniel Noboa contra el narcoterrorismo bajo la vigencia del “conflicto armado”.
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La familia de Petro e también con vínculos narco.
El caso más paradigmático es el Queenwater S.A., una empresa de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, la narcoesposa del líder de Los Choneros, José Adolfo Macías, alias Fito. "Fito" Macías, es el narco más buscado y peligroso. Su fuga de la cárcel Regional de Guayaquil a principios de año, donde cumplía un pena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, propició la ola de violencia sin precedentes en el país.
Connectas encontró 97 contratos públicos vinculados a 24 proveedores ligados al crimen organizado. Entre ellos destacan contratos con gobiernos locales, hospitales y empresas públicas.
La falta de coordinación entre entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y la Fiscalía General del Estado ha permitido que el crimen organizado se beneficie de fondos públicos.
Por su parte Petro, desde octubre está siendo investigado por supuesta financiación 'irregular' en su campaña del 2022 por la el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Su hijo está preso por lavado de activos desde hace un año y acusado de haber recibido plata "narco" para esa misma campaña, la del 2022.
Tal como contó Urgente24, según el CNE, los aportes de la campaña 2022 de Gustavo Petro sobrepasaron en 5.355 millones de pesos (1,27 millones de dólares) los límites de financiación establecidos por la ley. Asimismo, hubieron pagos y aportes de dos sindicatos que no fueron registrados en la contabilidad de la campaña, así como los vuelos privados de una empresa de aviación.
La exnuera del presidente Day Vásquez, en una entrevista exclusiva para el diario Semana reveló que su exmarido, el hijo de Petro, recibió más de 600 millones de pesos de narcotraficantes para financiar la campaña 2022 para presidente, lo que concuerda con los audios filtrados del ex embajador colombiano en Venezuela Armando Benedetti con una funcionaria oficialista, que dejó entrever que Petro recibió dinero narco para la campaña, tal como informó Urgente 24.
Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, también está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente haber ofrecido la venta de cupos a narcos y delincuentes dentro de la “Paz Total”.
Además, en otro de sus polémicas iniciativas, el mandatario colombiano en noviembre expuso su propuesta de crear un tribunal de cierre, mixto, con políticos, militares y narcotraficantes de magistrados, para lograr un acuerdo de paz total con la guerrilla.
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