Antes de la sentencia, este lunes la jueza Nubia Vera observó al menos ocho violaciones a los derechos constitucionales contra Abad. Durante las audiencias de descargo, la ministra de Trabajo, Ivone Núñez, no pudo justificar de manera adecuada cuál fue la falta grave que cometió Abad para haber sido suspendida.
La medida fue emitida por aquella cartera con el argumento de que la dirigente demoró ocho días en viajar de Tel Aviv a Ankara, tras la escalada de violencia en Israel.
A inicios de noviembre, el ministerio de Trabajo suspendió a Abad por 150 días sin remuneración por haber cometido una “falta grave”.
Tampoco pudo demostrar en qué norma se basó el Ministerio de Trabajo para aplicar la sanción de 150 días. Incluso reveló públicamente que el presidente del Consejo de la Judicatura, Maria Gogoy había intentado presionar para que fallara en contra de Abad, amenazando con destituirla si emitía un fallo favorable a la vicepresidenta.
“Son más de 10 años que tengo al servicio de la justicia y es la primera vez que he sido amenazada, coaccionada y amedrentada”, disparó.
La animosidad entre Noboa y Abad se reveló apenas ganaron la primera vuelta electoral en agosto de 2023. La primera decisión que tomó el controvertido presidente al asumir el cargo el 23 de noviembre de 2023 fue enviarla de forma permanente a Tel Aviv como “embajadora para la paz” en una misión para mediar entre Israel y Palestina; una mera excusa para alejarla del gobierno ya que Quito no tiene influencia alguna en uno de los conflictos internacionales más complejos.
Según el gobierno, la principal razón de su ‘destierro’ a Israel, respondía a la supuesta gestión y uso de fondos de campaña presidencial para su supuesto beneficio.
Sin embargo, según Abad, las investigaciones en su contra y su destierro son meras presiones para forzarla a dimitir y evitar que gobierne 45 días a finales de año cuando Noboa deba solicitar licencia para hacer campaña con miras a su reelección en los comicios generales de 2025. Las analistas explican que las investigaciones en su contra y su destierro son meras presiones para forzarla a dimitir para evitar cederle esos días de "gloria". Ella ya exclamó a los cielos que no lo hará.
La vicepresidenta sostiene que es una víctima de abuso de poder de un gobierno "misógino y machista" y de un "exilio forzado”.
El gobierno de Daniel Noboa salieron a repudiar la denuncia de Abad y la interpretaron como un intento de golpe de Estado. "Es un burdo intento de desestabilización y descaradamente configura un claro intento de golpe de Estado”. El gobierno continúa explorando diferentes vías para evitar que Abad asuma el poder si Noboa entra en campaña.
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