Las protestas se reavivaron después de la noticia del dramático anuncio del comandante de policía del distrito de Tel Aviv, Ami Eshed, sobre su renuncia a la fuerza, según Haaretz.
La dimisión sucedió en medio de la polémica con el ministro de seguridad quien lo había acusó de ser demasiado blando con los que se manifiestan contra la reforma judicial.
Furia contra el gobierno
Las manifestaciones sin precedentes en la historia de Israel pretenden que la reforma judicial se borre de la mente del primer ministro. Ante las multitudinarias protestas, Benjamin Netanyahu, tuvo que suspender (hasta finales de abril) del proyecto legislativo de la polémica reforma judicial a fin de dar tiempo para el "diálogo" para aliviar el estallido social y las amenazas de huelgas que presionan al gobierno desde hace meses.
Pero desde aquel tiempo que no pudo mantener un diálogo con la oposición, por lo que prometió que reformará el sistema judicial de todas maneras.
El primer ministro sostiene que el proyecto "equilibrará los poderes del Estado". Sin embargo, muchos entienden la reforma como un intento de instalar una dictadura porque supone, creen, un peligro para la independencia del Poder Judicial, la impunidad y el retroceso en los derechos civiles.
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Benjamin Netanyahu, en la mira de la sociedad israelí por la controvertida reforma judicial.
Además, no pocos piensan que es una estrategia de Netanyahu para rehacer los tribunales, mayor poder para elegir a los jueces, sobre todos los que presidirán el juicio por corrupción de Netanyahu que enfrenta tres casos.
El lunes 3/07/23, la coalición gubernamental buscó avanzar en este proyecto de ley que eliminaría la "doctrina de razonabilidad", que permite al Tribunal Supremo revisar y revocar decisiones del Gobierno sobre la base de si es razonable o no.
Simcha Rothman, aliado de Netanyahu, que preside la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia del Parlamento y ha encabezado la reforma, dijo el lunes que esta semana presentaría un proyecto de ley para despojar al Tribunal Supremo de su autoridad para anular las decisiones del gobierno que considere "no razonables".
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