Su principal acreedor es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la que debe más de $645 millones, principalmente por aportes ($121.6 millones) y contribuciones patronales ($183.2 millones), además de obligaciones por IVA y Ganancias.
Vorterix aclaró que el concurso sólo involucra a la empresa dedicada a la transmisión radial y vía streaming, y no afecta ni a El Teatro ni a la productora RQM, que maneja sus contenidos artísticos.
La crisis que golpea a Vorterix no es novedad
Aunque ya había registrado pérdidas en 2019, la empresa responsabiliza en gran medida a la pandemia, que redujo drásticamente la pauta publicitaria (tanto pública como privada) entre 2020 y mediados de 2022. En ese período, sus ingresos prácticamente desaparecieron, lo que volvió insostenibles los costos fijos, aumentó la carga impositiva y generó conflictos laborales.
La fecha formal de cesación de pagos fue fijada el 22 de mayo de 2022, tras un acuerdo judicial con la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas por $5.5 millones. A fines de 2022, las pérdidas acumuladas ya ascendían a $465.7 millones, mientras que su activo era de apenas $301.7 millones. En abril de 2023, el directorio decidió acudir al concurso preventivo, una resolución ratificada en asamblea en junio de ese año.
Sin embargo, esa decisión generó tensiones internas. Aunque el acta de la asamblea indicó unanimidad, la aprobación se debió exclusivamente al voto de Pergolini, quien posee el 85,15% del capital accionario. El restante 14,85% pertenece a South Media Investment, sociedad de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Su representante Juan Ignacio Recio expresó desacuerdo con la decisión, señalando falta de información y cuestionando la justificación legal del pedido concursal.
South Media había ingresado al capital de Vorterix en 2016 con un 50%. En 2017, Pergolini tomó un préstamo de US$550.000 para saldar deudas con la AFIP y ANSES, lo que le permitió reorganizar la empresa. Pero al no poder devolver el préstamo completo, transformó la deuda en capital, diluyendo la participación de South Media, lo que generó disputas societarias.
En mayo de 2025, se celebró una nueva asamblea a pedido del juez Fernando D'Alessandro, quien exigió ratificar la presentación concursal por haberse cumplido dos años desde su aprobación inicial. Recio reiteró su oposición, advirtiendo que la sociedad seguía operando pese a haber alegado cesación de pagos dos años antes. Sin embargo, Pergolini volvió a imponer su mayoría accionaria y la ratificación del concurso fue aprobada por mayoría.
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