El menor del arma blanca fue finalmente aprehendido por la Policía Municipal y ahora está a disposición del Ministerio Público para Adolescentes, quienes dieron vista a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).
El ataque ocurrió este miércoles a las 15:36 horas dentro de un salón de clases de la escuela Secundaria General N° 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”, ubicada en la colonia Analco, y las imágenes fueron registradas por una cámara escolar.
Aparentemente, según testificó la maestra -ante la Fiscalía General de Coahuila-, la agresión inició porque ella lo retó. La docente se encontraba revisando una actividad cuando el alumno le pidió si podía ir a la dirección —como pretexto para escaparse del aula y ante el reto de ella— a lo que le dijo que “no” y que más bien, lo acompañaría. Ahí el menor comenzó a apuñarla por la espalda.
Por suerte Patricia, la docente, se encuentra fuera de peligro y está siendo atendida en un hospital del ISSSTE, en la ciudad de Saltillo, por las lesiones que no son de gravedad.
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Escuela Secundaria General N° 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”.
El evento violento en un aula no es el primero que sucede en México. En septiembre, un transeúnte filmó cómo una turba de estudiantes abordaban en la calle a un compañero para lastimarlo con un arma blanca. Y así, una infinidad de casos.
Ante la ola de violencia escolar, padres y activistas sociales están clamando al gobierno de López Obrador el retorno del famoso operativo ‘Mochila Segura’ de épocas del mandato de Felipe Calderón.
Esta medida impuesta por las autoridades educativas (2001) estableció la “revisión de mochilas de estudiantes de escuelas tanto públicas como privadas de educación básica, con el objetivo de evitar que los alumnos introdujeran objetos prohibidos, armas, drogas”. Como por ejemplo, utilizando patrullaje policial y perros para rastrear estupefacientes ocultos.
En la administración de Peña Nieto, el Estado mexicano derogó las reglas de tal operación al considerarlas que habían cumplido un cierto objetivo. A ello se le sumó la posición crítica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la declararon inconstitucional por violar los derechos de privacidad, entre otros.
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