La Fundación Libertad y Progreso urgió a todos los legisladores a derogar la actual Ley que regula los alquileres con un criterio intervencionista que perjudicó tanto a propietarios como a inquilinos.
La organización sostiene que los contratos deben dejarse a la voluntad de las partes bajo las disposiciones del Código de Comercio.
La intención de favorecer asimétricamente a los inquilinos llevó a una retracción de la oferta de viviendas en alquiler y consecuentemente a un aumento de los precios.
A todo esto la Comisión Legislación General de la Cámara de Diputados trató el tema durante la tarde del martes (26/04) con la cuarta y última ronda de consultas sobre la reforma a la Ley de alquileres, donde expusieron asociaciones de inquilinos y de corredores inmobiliarios.
El pedido que hizo la Fundación Libertad y Progreso se conoce en vísperas del tratamiento del texto al que se abocarán los legisladores, la semana entrante, y que bosquejará la nueva normativa después varias jornadas centradas en modificar la extensión de los contratos y su forma de actualización.
Según, expresó la titular de la comisión de Legislación General, la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, a más tardar el viernes, estará listo el cronograma de debate con todos los proyectos a la vista.
Vale considerar que aunque las bancadas acordaran comenzar el martes (26/04) el debate parlamentario, las autoridades de la comisión -conducida también por las radicales Carla Carrizo y Brenda Austin, decidieron realizar otra jornada de consultas con los sectores involucrados en este mercado.
En la actividad del día y en primer lugar entre los invitados, Josefina del Río, subsecretaria de Hábitat de Rosario, afirmó que el organismo que conduce recibió unas 14 mil consultas por el tema de alquileres mientras advirtió sobre la falta de aplicación de gran parte de la Ley actual y remarcó que "el problema no son los plazos sino la seguridad jurídica".
Por su lado, Josefina Mendoza (exdiputada radical) propuso que la reforma contemple "un régimen específico para estudiantes de nivel superior".
Como publicáramos los diputados acordaron comenzar a analizar a fines de marzo la posibilidad de modificar la ley de alquileres pero decidieron modificar las fechas.
Los dos puntos más conflictivos que tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio tratan de salvar son, por un lado, el plazo de los contratos de alquiler, que la ley que rige actualmente elevó de dos a tres años y el otro, que el ajuste de los alquileres sea una vez por año. Sobre ambos puntos, conviven posturas encontradas.
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