El reloj atrasa en Argentina. Hace más de cuatro décadas, en Chile, el modelo privado impulsado durante la dictadura de Augusto Pinochet había derivado en jubilaciones de pobreza y obligó al Estado a intervenir nuevamente con subsidios millonarios.
Demoró años sancionar una legislación que reconozca a las personas mayores como sujetos plenos de derechos y no únicamente como receptoras de asistencia o protección.
Hasta que ahora el país trasandino acaba de promulgar la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable.
Y aunque no resuelva por sí sola los desafíos del envejecimiento, instala un nuevo marco desde el cual comprenderlos.
Javier Milei le factura al jubilado
La pregunta implícita que deja la ley es qué significa realmente vivir más años y cómo se quiere hacerlo, en lugar de hacerle pagar, como se está haciendo en Argentina, la mayor parte del déficit del Estado, al reducirle la disponibilidad de dinero y el acceso a la salud.
En Chile, el envejecimiento deja de ser abordado únicamente desde las necesidades y comienza a ser entendido desde los derechos: a la autonomía, a la participación, a la salud, a la accesibilidad, a la vida libre de violencia, a la igualdad ante la ley, a la inclusión comunitaria y al trato digno. Aunque muchas veces parezcan obvios, en la práctica siguen siendo cotidianamente vulnerados.
Uno de los aportes más importantes de la nueva ley es precisamente abrir una discusión postergada durante demasiado tiempo: "La necesidad de construir una nueva narrativa sobre el envejecimiento, porque buena parte de nuestras políticas públicas, de nuestras instituciones e incluso de nuestras conversaciones familiares siguen organizadas sobre una idea implícita: que la vejez es una etapa de cierre", explicó la directora del Área de Envejecimiento y Cuidados de FLACSO Chile, Paula Forttes.
Chile Atiende para tramitar las pensiones
Chile Atiende, donde se tramitan las pensiones en el país vecino.
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Décadas de vida por delante
La nueva longevidad, enfatiza, está demostrando que hoy millones de personas llegan a los 60 años con décadas de vida por delante, con proyectos, capacidades, experiencia y deseos de seguir contribuyendo a sus comunidades.
Nunca en la historia tantas personas habían tenido la posibilidad de vivir tantos años en condiciones de autonomía.
Constituyen uno de los principales activos sociales: sostienen una parte importante de los cuidados familiares, participan en organizaciones sociales, realizan voluntariado, apoyan económicamente a hijos y nietos, transmiten conocimientos, mantienen vivos barrios, comunidades y redes de apoyo.
El desafío que plantea es aprender a convivir con la longevidad, lo que implica rediseñar instituciones, políticas y entornos para una sociedad donde vivir más años será la experiencia predominante y no la excepción.
En definitiva, dejar de ver el envejecimiento como una carga y comenzar a reconocerlo como parte del futuro que compartimos.
Empobrecerlo para llegar estadísticamente al equilibrio fiscal, como está haciendo el Gobierno de Javier Milei en Argentina, es un sacrificio que va en contra de la tendencia internacional, donde los países que tienen un piso del bienestar mucho más alto que el argentino para extraer reajustes, y no muchos, al sistema previsional sin por ello convertir en víctimas a los protagonistas de este fenómeno demográfico.
Nubarrones en el futuro
Actualmente, en Argentina hay 5.666.805 jubilados y 1.712.673 pensionados: 3.359.817 son beneficios contributivos puros y 4.019.661 los tienen por moratoria o plan de pago de deuda previsional. Más de la mitad cobran la jubilación mínima ($ 273.086 más $ 70.000 de bono).
A la vez, 1.835.063 son beneficios no contributivos, como Pensiones por discapacidad, madres de 7 o más hijos o y 1.835.063 son beneficios no contributivos.
Al sumar los aportantes más de 13 millones, se infiere que más de 7 millones trabajan en negro.
Si la reforma eleva la edad para la jubilación, los años de aportes y queda ratificada la precariedad laboral, la expectativa de vida podría quedar comprometida para la generación venidera, se especula en el ámbito legislativo, donde esgrimen que el 80% de los que estén en condiciones de jubilarse no reunirá la cantidad de años de aportes. Y si se elimina todo tipo de moratoria, quedarán afuera de esa posibilidad.
España, en las antípodas
En las antípodas, el informe ‘Longevidad activa en España’, dirigido por Eduardo Correa desde OBS Business School, plantea que el mundo fitness tiene una oportunidad enorme: dejar de infantilizar a los mayores y diseñar servicios que potencien su autonomía.
Son personas con tiempo, experiencia y, en muchos casos, capacidad de gasto; quieren mantener fuerza, equilibrio y movilidad para la longevidad activa.
Con más del 20% de la población que tiene más de 65 años y el índice de envejecimiento que ya supera el 148%, la fuerza muscular emerge como una variable clave para la autonomía y para reducir costos sanitarios asociados a caídas y dependencia.
El mensaje que cala entre los séniors no es el de la admonición sanitaria, sino el de la utilidad práctica: poder subir escaleras, cargar una valija o levantarse sin esfuerzo.
“Cuando un programa de fuerza funcional mejora escenas cotidianas, la persona mayor lo entiende a la primera”, recuerda Correa, y ese enfoque moviliza más que cualquier advertencia sobre riesgo.
