Según el gobierno de Pérez, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales.
Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial.
“Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos”, según la página web del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic).
De hecho, algunos especularon entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Ítalo del Valle Alliegro contaba poco más de 300.
Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después, ordenó al Estado venezolano indemnizar solamente a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.
Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006, a través de su Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.
Pero nunca se investigó qué ocurrió con precisión.
Los hechos
Las protestas se iniciaron en Guarenas, a 15 km al este de Caracas, la mañana del 27/02/1989.
Las políticas económicas de los gobiernos de Luís Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional.
En 1988 ganó los comicios Carlos Andrés Pérez, quien ya había sido Presidente. Él obtuvo el 52,91% de los sufragios, hasta esa fecha, el mayor número de votos en términos absolutos.
Con ese gran respaldo popular, Pérez buscó liberar la economía, a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete Económico".
Sin embargo, la liberación de precios y la eliminación del control de cambio generó un reajuste sumamente brusco para las personas de menores ingresos.
El 26/02/1989, el Ministerio de Energía y Minas anunció el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e inter-urbano también en un 30% a partir del 27/02, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.
Los saqueos y la violencia llegaron rápidamente a los barrios populares Catia, El Valle, Coche y Antímano, en Caracas.
Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos: al principio en los sectores populares había protestas pacíficas, pero ante el descontrol y la ineficacia de los cuerpos de seguridad, ocurrieron más enfrentamientos, motines y protestas, cada vez más violentos.
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En horas de la tarde, había problemas en casi todos los barrios y urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.
Protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.
Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró el toque de queda, militarizó las ciudades principales y aplastó las protestas con violencia desmesurada.
La masacre
En la ciudad de Caracas se activó el "Plan Ávila", el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones.
El 28/02, fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM) y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación.
El Ejecutivo suspendió las garantías constitucionales. Durante varios días, Caracas vivió sumida en el caos, las restricciones, la escasez de alimentos, la militarización, los allanamientos, la persecución política y el asesinato de personas.
La consecuencia evidente del Caracazo fue la inestabilidad política. El programa de gobierno fue modificado durante ese mismo año tras los hechos.
La creciente desaprobación de la gestión del presidente Pérez, su ruptura con el partido Acción Democrática, y la falta de nuevos liderazgos, tuvo como consecuencia que el paquete de medidas aplicado en forma atenuada fuera rechazado.
El Caracazo generó las condiciones para el intento de golde de Estado de Hugo Chávez, en 1992, luego declarado culpable de dirigir la rebelión militar, siendo encarcelado
En marzo de 1993 Pérez fue acusado de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la Presidencia, por decisión del Congreso Nacional, Ramón J. Velásquez, reemplazado luego por Rafael Caldera, quien sobreseyó a Chávez, y terminó ganando las elecciones presidenciales celebradas en 1998.
Mientras el Gobierno se afane en celebrar este 27 de febrero como día nacional de los derechos humanos, los familiares de las víctimas del Caracazo lloran porque se cumplen 24 años de total impunidad, pues ni la “revolución bolivariana”, empeñada en castigar los horrores de la “Cuarta República”, ha logrado una sola condena judicial por la masacre que generó el levantamiento social durante el gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez.
“Para la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía nosotros no existimos”, afirma la presidenta del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), Aura Liscano, quien sólo ha obtenido silencio en el caso de la desaparición forzada de su hermano José Miguel Liscano.
El refugio para ella ha sido el apoyo de instancias internacionales, y el de 43 familias más que claman justicia.
Un tributo falso
Liliana Ortega, también presidenta de Cofavic, sostiene que ni siquiera el mínimo gesto humanitario que merecían las víctimas, que era la identificación de los cuerpos, se ha logrado.
“Antes teníamos la seguridad de que los restos estaban en los nichos de La Peste (en el Cementerio del Sur) pero ahora no sabemos dónde están”, cuenta Iris Medina, sobre la exhumación que hizo el Ministerio Público el 21 de septiembre de 2009, cuando decidió llevarse los huesos a Fuerte Tiuna, y luego a Guarenas para supuestamente identificarlos.
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“Es triste saber que hacen un monumento en el Cementerio General del Sur y solo limpian cuando llega la fecha, y los menos invitados somos los afectados”, agrega Medina.
La deuda de la justicia venezolana es tanta que los dos casos que habían logrado llegar a la etapa judicial con cierto avance, como el de Luis Manuel Colmenares y el de Crisanto Mederos, sufrieron serios retrocesos, según señala Ortega.
En el primero, por error del MP se repuso la causa a la etapa inicial luego de 24 años; y en el segundo, el Tribunal Supremo de Justicia decidió que había que reponer la causa a la audiencia preliminar.
A juicio de Ortega es lamentable que la sociedad venezolana a estas alturas no pueda conocer cuál es la cifra definitiva de las personas asesinadas y heridas.
Tampoco hay una investigación seria sobre quiénes dispararon, cuáles fueron las órdenes, cuáles fueron los protocolos que se utilizaron, qué decían los libros de novedades de los cuerpos de seguridad del Estado.
No hay una línea de indagación sobre si hubo destrucción de evidencias y quiénes son los operadores de justicia que no hicieron su trabajo correctamente.
Lamenta que en los últimos años se haya intentado criminalizar a las víctimas, trasladando hacia ellos la falta de impulso procesal de las causas y la falta de identificación de los restos, “lo cual es una revictimización de la gente que ya bastante ha sufrido.
Además, es un mecanismo de impunidad peligroso porque no sólo desmotiva a la gente en su credibilidad de la justicia sino que genera un sentimiento de culpa que es inaceptable”, apunta.
El dinero no compensa
Una iniciativa importante que tuvo el Estado venezolano, según Ortega, fue la indemnización a 44 familiares de las víctimas, sin embargo aclara que ese proceso iniciado en 2004 no ha concluido.
“Además las indemnizaciones no son la reparación completa, para que sea integral tiene que haber justicia”. Se preocupa por los sobrevivientes del Caracazo que tienen lesiones permanentes, entre ellos Osquelis Campos, quien perdió la vista y actualmente está en un refugio.
La desprotección en estos casos es más agravada. La falta de voluntad política para esclarecer los casos, sostiene Liscano, no ha permitido el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, pues la identificación plena de los restos, el esclarecimiento de la verdad y la adecuación de los manuales operativos de los sistemas de orden público han sido obviados por el Estado.
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