Esa operación, que involucró un monto de 1.100 millones de dólares entre desembolsos y canjes de activos, fue la de mayor volumen en el mundo empresario de la Argentina luego de la crisis del 2001-2002, y la primera en muchos años por la cual una compañía vendida al exterior en los 90 volvía a ser controlada mayoritariamente por capitales privados nacionales. En cierto modo una excepción, más aún luego de la reciente ola de compras de compañías locales por holdings de Brasil y otros países.
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Los compromisos de las empresas, de acuerdo a la resolución de la CNDC, también incluyen otros aspectos, como la programación y los servicios sociales. En el primer punto, las operadoras de TV por cable se obligan a "garantizar una ubicación" en sus grillas de canales a los proveedores de señales televisivas, "sean o no competidores de sus empresas controladas". También a "garantizar el pluralismo, la libertad de información y el entretenimiento", y a asegurar "a los usuarios una razonable provisión de señales informativas, deportivas y de entretenimiento".
También se preveía, para zonas de emergencia del ámbito metropolitano de Buenos Aires, "un servicio social opcional de televisión paga digital, de abono reducido, con un mínimo de diez señales adicionales a las de televisión abierta". Y se establece que los valores del abono básico en diferentes plazas guarden criterios de razonable equilibrio.
También se explicaba que a tono con la incorporación pedagógica de la televisión en el proceso educativo, recogida por la Ley de Educación Nacional y (en ese entonces) más recientemente por la señal televisiva Encuentro (que se emite exclusivamente en sistemas de cable) el compromiso también incluía un plan de conexiones sin cargo para escuelas públicas de todas las localidades donde operan las empresas. A lo que se sumarían, según la densidad demográfica, hospitales y centros de salud públicos, hogares públicos de ancianos, comisarías y cuarteles de bomberos.
