Los daños materiales son incalculables: barrios enteros quedaron bajo el agua, cientos de familias perdieron todo y se reportaron destrozos en puentes, calles y redes de energía. En el municipio de Coronel Rosales, vecino a Bahía Blanca, también se registraron al menos 240 familias damnificadas, por lo que el impacto del temporal no se limitó a un solo punto geográfico.
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La lluvia extrema desbordó el arroyo Napostá, inundando barrios y causando 16 muertos. La respuesta estatal fue insuficiente, mientras vecinos y voluntarios organizaron la asistencia. La tragedia, anunciada hace años, era evitable.
A nivel político, la respuesta fue tibia y desorganizada. El gobierno nacional decretó tres días de duelo y anunció el envío de $10.000 millones en ayuda, una cifra que el propio intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, consideró insuficiente. Según sus estimaciones, la ciudad necesitará más de $400.000 millones para reconstruirse. Mientras tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aún no definió qué asistencia brindará la provincia.
En este contexto de incertidumbre y desidia estatal, las redes de solidaridad fueron las que tomaron la delantera. Vecinos y organizaciones civiles se movilizaron para juntar donaciones, distribuir alimentos y colaborar con las tareas de rescate. Lo mismo ocurrió en otras catástrofes recientes, como los incendios forestales en el sur y norte del país, donde la respuesta estatal también fue insuficiente.
El desastre de Bahía Blanca podría haberse evitado o, al menos, mitigado. La ciencia lo advirtió con más de diez años de anticipación, pero el Estado miró para otro lado. Ahora, la pregunta que queda es: ¿seguiremos ignorando a los expertos hasta la próxima tragedia?
Milei y el desguace del Conicet: la ciencia bajo amenaza
Mientras la tragedia de Bahía Blanca pone en evidencia la importancia de la investigación científica para prevenir desastres, el gobierno de Javier Milei avanza con un plan para desguazar el Conicet, el mismo organismo que había advertido sobre esta catástrofe hace más de una década.
Según trascendió, el presidente prepara un decreto impulsado por su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca reducir drásticamente el presupuesto del Conicet, limitar el ingreso de nuevos investigadores y modificar su esquema de financiamiento. Entre las opciones que se barajan, se incluye la eliminación del estatuto de la carrera de investigador, lo que permitiría imponer nuevas condiciones laborales y salariales, obligando a los científicos a complementar sus ingresos con otros trabajos.
Las alertas se encendieron en la comunidad científica después de una reciente reunión entre el presidente del Conicet, Daniel Salamone, y Sturzenegger, donde se habría discutido el futuro del organismo. Se especula con la posibilidad de fusionar el Conicet con otros entes de ciencia y tecnología como el INTI, el INTA y la CONAE, lo que generaría despidos y reducción de recursos.
Otra de las medidas en evaluación es la "provincialización" del Conicet, transfiriendo sus responsabilidades a las provincias, como se hizo con la educación en los años 90. Actualmente, el organismo cuenta con más de 26.000 empleados, entre investigadores, técnicos y administrativos, y su descentralización podría comprometer el abordaje de problemas estratégicos a nivel nacional.
Además, el gobierno de Milei apunta a retirar de la órbita del Conicet a las ciencias sociales y humanas, transfiriéndolas a las universidades nacionales, disciplinas que representan alrededor del 25% del organismo y son fundamentales para comprender problemas de política, economía y sociedad. Para muchos investigadores, esta medida responde tanto a una cuestión presupuestaria como a una visión ideológica que busca desmantelar el análisis crítico de la realidad argentina.
En medio de este escenario, el recorte al Conicet se da en un contexto donde los desastres naturales y las crisis ambientales requieren más que nunca el aporte de la ciencia para su prevención y mitigación. Y el estudio que advirtió sobre las inundaciones en Bahía Blanca es un claro ejemplo de cómo el conocimiento puede salvar vidas. Sin embargo, el gobierno de Milei parece decidido a desmantelar uno de los pilares de la ciencia en Argentina, dejando a la sociedad aún más vulnerable ante futuros desastres.
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