Según datos oficiales de la provincia, Córdoba tiene 13 departamentos alcanzados por el régimen de Zona Fría, con descuentos de entre un 30% y un 50% en las tarifas de gas natural para usuarios residenciales.
Laura Giumelli, titular de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica de San Luis, envió una nota a los diputados nacionales que representan a su provincia, donde expresa la preocupación por este proyecto de ley e indica que los usuarios de casi todos los departamentos "perderán el subsidio (al gas natural), a pesar de que muchos de esos suministros se encuentran en zonas bioclimáticas de alta amplitud térmica que registran temperaturas bajísimas, incluso a nivel país".
Alejandro 'Topo' Rodríguez, ex diputado de Consenso Federal y uno de los impulsores de la ley de 2021, publicó un tuit donde critica el proyecto:
Los descuentos en gas domiciliario por Zona Fría no implican ningún privilegio; simplemente contribuyen a amortiguar el costo de calefaccionar los hogares, lo que incide directamente en la salud de las personas Los descuentos en gas domiciliario por Zona Fría no implican ningún privilegio; simplemente contribuyen a amortiguar el costo de calefaccionar los hogares, lo que incide directamente en la salud de las personas
Además, puntualizó sobre la situación de la provincia de Buenos Aires: "En la provincia, el descuento llega a 1.240.000 hogares, de los cuales el 81% no estaba recibiendo ningún tipo de rebajas hasta antes de la Ley 27.637, de 2021. Y, como en la provincia de Buenos Aires existen 6.051.550 hogares, eso significa que el descuento por Zona Fría lo recibe sólo el 20,49% de las familias. Se trata, entonces, de una típica política focalizada, que no incluye a casi el 80% de los hogares bonaerenses", indicó Rodríguez, y graficó Consenso Federal:
Pero justamente detrás del intento de eliminación de la Zona Fría es que aparece el pago a las empresas de la diferencia tarifaria entre la tarifa real y la congelada durante todo ese tiempo.
¿Por que el "círculo rojo", o las corporaciones energéticas, presionan para que se apruebe?
Es que mientras para los usuarios el centro del debate es el recorte a la Zona Fría, para el sector empresarial el eje central está en el mecanismo de compensación y regularización de deudas con las empresas distribuidoras y transportistas de gas y electricidad.
El trasfondo de esta medida y cómo se planea implementar consiste en lo siguiente:
Como durante los años de congelamiento de tarifas, el Estado fijó un precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y tarifas de distribución que no cubrían los costos reales de las empresas operadoras para evitar el colapso del servicio, se generó una cadena de deudas cruzadas: las distribuidoras, que son las que te facturan el servicio, dejaron de pagarle total o parcialmente el gas a las productoras o la energía a CAMMESA (en el caso eléctrico), acumulando deudas multimillonarias.
Y el proyecto oficialista busca "limpiar" los balances del sector energético para normalizar el mercado de cara a las futuras privatizaciones o revisiones tarifarias integrales. Este mecanismo incluye, justamente:
- Una compensación de deudas cruzadas: Se establece un régimen para consolidar y netear lo que el Estado les debe a las empresas en concepto de subsidios no transferidos cronológicamente, contra lo que las empresas le deben al propio Estado (o a sus empresas mayoristas).
- Uso de los Fondos Fiduciarios: El proyecto también faculta al Ejecutivo a utilizar los saldos y recursos de los fondos fiduciarios del sector para cancelar estas obligaciones con las licenciatarias de distribución y transporte.
- Y finalmente, para acceder a este mecanismo de regularización y reconocimiento de deuda, la iniciativa exige que las empresas privadas renuncien de forma expresen a cualquier reclamo judicial o administrativo posterior contra el Estado por la afectación de sus ecuaciones económico-financieras durante el período de emergencia y congelamiento.
Este artículo del proyecto es, en efecto, uno de los que mayor fricción genera entre la oposición y el oficialismo.
El gobierno considera que es un paso indispensable para dar previsibilidad jurídica, atraer inversiones y terminar con el déficit del sistema, mientras que para la oposición y diversas asociaciones de consumidores, la ley genera una "asimetría de esfuerzo": por un lado, se le quita un beneficio tarifario directo a millones de hogares de clase media y baja (con el fin de ahorrar fondos fiscales), mientras que por el otro se instrumenta una millonaria transferencia de recursos del Estado para saldar las cuentas de las corporaciones energéticas.
Y si bien es cierto que a principios de 2025, el Gobierno Nacional avanzó en la normalización de las deudas corrientes que las distribuidoras eléctricas y las cooperativas tenían con CAMMESA, se acordó un esquema de refinanciación en 72 cuotas, lo cual fue solo un plan de pago para "estabilizar" el día a día y frenar la acumulación de nueva deuda; pero no implicaba un resarcimiento por las pérdidas sufridas por las empresas debido a los congelamientos de los últimos 20 años.
Ahora la intención de fondo del Gobierno de Javier Milei es que las empresas queden completamente sanadas.
Para ello pretende valerse de dos herramientas claves:
-
Creación de "Activos Regulatorios": El Estado busca calcular con precisión cuánto dinero perdió Edenor, Edesur y las distribuidoras del interior por el retraso de las tarifas en relación con la inflación desde las leyes de emergencia de 2002. Ese cálculo generará un crédito a favor de las empresas.
Neteo de deudas (La Condonación de hecho): En lugar de que el Tesoro les gire millas de millones de dólares en efectivo (lo que rompería el superávit fiscal), la ley contempla utilizar esos "activos regulatorios" a favor de las empresas para cancelar de forma definitiva las deudas millonarias que ellas tienen vigentes con CAMMESA
Y en este marco es que la eliminación de las Zonas Frías resulta necesaria para el Ministerio de Economía: ya que el ahorro que genera no proviene de un gasto directo del Tesoro Nacional, sino de la necesidad de frenar un desequilibrio comercial y financiero que termina presionando las cuentas públicas.
El proyecto de reforma energética plantea un recorte en este régimen que le permitiría al Gobierno un ahorro fiscal estimado, como se mencionó al principio, en $272.099 millones.
Y si bien, el subsidio de la Zona Fría no se paga directo con los impuestos que recauda el Estado, sino que se financia a través de un recargo que pagan todos los usuarios de gas del país en sus facturas, el cual va a un Fondo Fiduciario, la cantidad de hogares subsidiados terminó por generar un caro desacople (la cantidad de hogares superó lo que el fondo recauda) y un bache, que para que no lleve a que las distribuidoras colapsen, el Estado termina cubriendo la diferencia o bien tolerando que las empresas acumulen deudas millonarias con las petroleras y transportistas.
Al focalizar el beneficio solo en la Patagonia, la Puna y Malargüe, y restringir el resto a hogares con vulnerabilidad acreditada, el fondo vuelve a ser autosustentable y deja de presionar al sistema energético estatal...
Otras noticias de Urgente24
Agobiados por impuestos, la UIA se prepara para encarar a Luis Caputo
"Congelaría" el Senado la media sanción faltante de "zonas frías" hasta septiembre
Conflicto en fábrica de Entre Ríos: dictan conciliación obligatoria por 15 días
Santilli: "Vamos a usar diálogo para sacar Súper Rigi y otras leyes vitales"
